Las deudas de la Marina en Nuevo Laredo

Un capitán de corbeta fue asesinado el 24 de marzo de 2018 y 12 marinos quedaron heridos por una supuesta emboscada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un día después, el 25 de marzo, marinos lanzaron granadas desde el cielo y tirotearon a una familia que iba de regreso a su casa sobre la carretera que va de Piedras Negras a Nuevo Laredo. Desde un helicóptero oficial masacraron a una niña de 5, a una de 3, y a sus padres. La corporación sólo dijo que había sido un error, que habían reaccionado al ataque de criminales. 

En días posteriores comenzaron a llegar más y más denuncias por desaparición forzada al ministerio público, todas en contra de marinos, pero la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas no intervino. 

Las personas desaparecieron en medio de su vida cotidiana: camino a la tienda a buscar refrescos, en una gasolinera, tomando una cerveza, saliendo del trabajo, conduciendo, durante la tranquilidad de una noche en casa, celebrando una fiesta con un centenar de testigos. 

Un estudiante de 18 años es de Fort Worth, la ciudad al norte de Texas, el resto es de México. El alumno estadounidense desapareció junto a otro hombre cuando iban al Oxxo para continuar reparando una casa de la familia. 

No es posible determinar con certeza cuánta gente pudo ser desaparecida en las mismas circunstancias. Hay quienes no denuncian por miedo. Pero en una ciudad como Nuevo Laredo donde viven 400 mil habitantes, las desapariciones fueron levantando el polvo en unas semanas y las familias apuntaban a la misma corporación federal: la Marina. 

Entre los meses de febrero y mayo de 2018, la fiscalía mexicana investigaba a marinos por la desaparición de 36 personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tenía 39 quejas por desaparición forzada y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo acumulaba 40 víctimas.  

José Eugenio, Ángel y Alan tenían 14 años cuando fueron desaparecidos. Como pasa en todo México, las familias debieron salir a buscar por su cuenta y encontraron a Eugenio en una fosa cavada con prisa en una brecha a Piedras Negras, me contó María, su mamá. Tenía el tórax destrozado y la cara deshecha, había muerto por los golpes. 

Otras 14 personas aparecieron torturadas y enterradas en fosas de Nuevo Laredo y Anáhuac, municipio de Nuevo León. Algunos tenían el cuerpo quemado. 

Por esos crímenes alzó la voz el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y exhibió al gobierno mexicano el 30 de mayo, hace dos años. Zeid Ra’ad Al Hussein habló de “fuertes indicios” de la participación de “una fuerza federal”. 

¿Qué pasó con la investigación? 

La Fiscalía General de la República atrajo el caso después de que la ONU intervino. “Pasaron meses de inacción total”, me dijo Karla Quintana a finales de 2018, cuando era titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ahora es Comisionada Nacional de Búsqueda. 

“Cuando nosotros le entramos jurídicamente solicitamos que esas denuncias que se habían hecho en la subdelegación de la PGR fueran enviadas a la Fiscalía General de la República. Eso es obstrucción de justicia, porque si se hubiera reaccionado desde el primer momento quizá no hubieran seguido esas desapariciones”. 

Cuando empezó su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que investigaría las denuncias, pero desde entonces le ha dado más peso a militares y marinos. El segundo visitador Enrique Guadarrama me dijo a principios de 2019 que era el caso más complejo y masivo contra las fuerzas armadas que él haya tenido desde 2015 cuando asumió el cargo. Me dijo que preparaba un informe. ¿Dónde está? 

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