Redefinición de las policías

Pasó el momento sangriento, ahora es tiempo de la reflexión para transformar a los cuerpos policiales. 

La represión criminal por parte de policías investigadores y estatales que se vivió hace dos semanas en Guadalajara no es un hecho aislado, sino que evidencia las prácticas brutales de quienes fungen como guardianes del orden. 

No sería posible que los policías hubieran armado por su propia cuenta, sin tener la preparación para hacerlo, un operativo para generar levantones de personas que participaban en una manifestación. Dejando de lado la responsabilidad de dar las órdenes, se nota la capacidad que tienen para llevarse a una persona privada de la libertad de manera impune como un ejercicio recurrente. 

Y no son solamente los policías investigadores, sino también otros agentes del ramo de seguridad pública, tanto municipales como estatales. 

La muerte de Giovanni López y los levantones de manifestantes son ya motivo suficiente para considerar la manera en que se pueda garantizar que los cuerpos policiales cumplan con sus funciones, sin poner en riesgo a la ciudadanía, a la que se supone que deben cuidar. 

Por ahora, el modelo de operación de la Guardia Nacional todavía débil no hace factible que asuma un rol preponderante en las regiones. 

Como contraparte, lo que en otros lugares comienza a proyectarse como la desaparición de algunos cuerpos policiales para transformarlos en cuerpos de seguridad comunitaria sería inviable en el caso de las policías mexicanas, que ni siquiera han logrado influir favorablemente en los índices delictivos. 

Constitucionalmente, los municipios y los estados tienen la facultad de determinar sus propias decisiones en materia de seguridad, incluyendo lo operativo y lo administrativo de las policías. Ese esquema ha permitido que en todo el país haya condiciones desiguales, donde algunos reciben sueldos miserables y equipo defectuoso y deficiente, mientras que otros pertenecen a comisarías con grandes recursos o incluso agrupamientos con privilegios salariales y laborales. 

Algunos municipios han acordado con su estado que sea la policía estatal la que asuma las funciones de seguridad pública. En otros casos el estado ha tomado las policías municipales ante su incapacidad de respuesta. Sin embargo, en la mayoría del país el esquema es de supuesta coordinación. 

Así como hay estados que se encargan de fortalecer a las policías municipales débiles en su territorio, también en otros estados los cuerpos estatales son mínimos en comparación con la capacidad de los municipios para hacerse cargo de sus propios asuntos de una manera autónoma. 

Aparte están las policías ministeriales, que tanto a nivel estatal como federal trabajan bajo el mando directo del ministerio público para realizar investigaciones y hacer labores de inteligencia. 

Considerando todo el espectro de cuerpos policiales existentes en México, la Federación no ha logrado compensar aquellos lugares donde las fuerzas policiales son insuficientes, a pesar de haber establecido 266 regiones en materia de seguridad para distribuir guardias en aquellas con mayor necesidad. 

Por último, la infiltración del crimen organizado en las pequeñas corporaciones e incluso en las estatales es mucho más factible sin la intervención decisiva del gobierno federal. 

Así, se suman una serie de aspectos que indican que el esquema de los cuerpos de seguridad está disociado completamente y que requiere medidas que le den coherencia, entre las cuales la más mínima de ellas sería establecer con leyes y reglamentos verdaderos mecanismos de coordinación y vigilancia y, la más radical, una reinvención como policía nacional. 

Twitter: @levario_j

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