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Tras recibir tres denuncias ciudadanas por la forma en que se realizaron las designaciones de tres consejeros de la Judicatura, la Contraloría Interna del Legislativo arrancó una investigación.
Gabriel Valencia López, aspirante a consejero ciudadano de la Judicatura, y las organizaciones civiles Sigue a Tu Congreso y el Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción, interpusieron las denuncias a fin de que se inicie un procedimiento de presunta responsabilidad administrativa contra quien resulte responsable, incluyendo los diputados locales.
El titular de la Contraloría Interna del Legislativo, Raúl Bermúdez Camarena, aceptó que las tres denuncias procedieron y se abrió una investigación. La primera la interpuso Valencia López el 23 de junio, un día después lo hizo Sigue a tu Congreso y el observatorio la presentó el 7 de julio.
“Es contra quien resulte responsable por el otorgamiento (o) nombramientos en la elección de consejeros de la Judicatura. (Las denuncias) giran en los mismos señalamientos, ya hay tres denuncias presentadas ante el órgano interno de control”, afirmó.
La madrugada del 19 de junio se realizó la elección de los nuevos integrantes de la Judicatura. Claudia Esperanza Rivera Maytorena fue nombrada consejera juez y Tatiana Esther Anaya Zúñiga y Gabhdiel Iván Novia Cruz fueron designados consejeros ciudadanos.
Los tres fueron elegidos pese a reprobar un examen de conocimientos aplicado por el Congreso, ya que la evaluación prácticamente se desechó el día de la elección, por lo que a la hora de los nombramientos se contempló a aprobados y reprobados.
Al respecto, Bermúdez Camarena añadió que ya solicitó información sobre el proceso de elección.
Aclaró que si existe alguna responsabilidad se castigará conforme a la Ley de Responsabilidades. Las sanciones podrían ir desde una amonestación pública hasta la suspensión, la inhabilitación y el cese del cargo.
Calculó que la investigación durará un par de meses.
El mal sabor de boca que dejó la elección de tres consejeros de la Judicatura provocó que el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) emitiera una carta abierta acompañada de 114 firmas de académicos, activistas, abogados, empresarios y periodistas, en la que exige que las próximas designaciones que realice el Congreso local se lleven a cabo de forma limpia, sin cuotas ni cuates.
En la misiva de cinco hojas también se solicita al Legislativo que emita una ley de designaciones y que en los futuros nombramientos se elija a personas preparadas.
“Quienes firmamos esta carta buscamos lo mejor para el país y para el estado. Por ello, instamos a los representantes populares para que en las sucesivas designaciones sean nombrados perfiles cuya trayectoria sea indicativa de una transformación profunda del estado de derecho como la que demanda la sociedad”, advierte el documento.
Los firmantes insisten en que si la ley referida se aprueba, Jalisco se pondrá a la vanguardia en la correcta integración de organismos autónomos y poderes públicos. Jessica Pilar Pérez
jl/I