Hipoteca social y el ingreso mínimo vital

Las personas que se están quedando en casa se encuentran generando un bien público para la salud de todos y para prevenir la propagación del Covid-19; sin embargo, están asumiendo altos costos individuales al detener sus actividades laborales, en opinión del senador por Jalisco, Clemente Castañeda.

Su propuesta a nivel nacional, avalada por varias organizaciones de la sociedad civil, plantea que, ante situaciones especiales, como contingencias o sucesos que afecten gravemente las remuneraciones de las personas, el Estado deberá garantizar el derecho a un ingreso mínimo vital.

Hipoteca social, término acuñado por el papa Juan Pablo II durante la tercera Conferencia del Episcopado Latinoamericano celebrado en Puebla en 1979, es la deuda que tienen con la sociedad quienes han sido beneficiados en el usufructo de los bienes, y que le han facilitado la construcción de un patrimonio.

El Código de Hammurabi hacía referencia a “la importancia de la acción social a favor de los necesitados”; la Torá hebrea y el Antiguo Testamento en general mencionan la solidaridad en repetidas ocasiones; en la antigua Grecia, la ayuda social no se percibía como una obligación exclusiva del Estado, sino de toda la sociedad, mientras que en Roma el Estado asumió esa responsabilidad.

En la antigua Roma surgió la Annona, que consistía en que el Estado romano otorgaba el derecho a cada ciudadano romano que vivía en la ciudad y a su familia a recibir gratuitamente cantidades de trigo, aceite y vino.

La Utopía de Tomás Moro permitió imaginar un país en el que el Estado cubre los aspectos básicos de la vida para todos los ciudadanos. Ricos, pobres, empleados, desempleados, autónomos: todos obtienen la misma cantidad de dinero, todos los meses.

Esta idea de contar con lo mínimo para vivir con dignidad se sustenta en que la humanidad ha alcanzado un nivel de capacidades productivas y de hipoteca social que le debe permitir garantizar alimentos, vestido, vivienda, movilidad e información adecuados a la vida de una sociedad civilizada y democrática. En otras palabras, es un salario del Estado para todas las personas.

En México la propuesta es que los beneficiarios sean las personas trabajadoras que hayan perdido su empleo y las personas que vean disminuidos sus ingresos económicos debido a la ocurrencia de una situación especial.

Elevado a propuesta de ley, el ingreso mínimo vital sería entregado durante tres meses a las personas beneficiarias y podrá ser renovado por dos meses adicionales en caso necesario, con un monto equivalente al salario mínimo mensual, que para este año 2020 es de 123.22 pesos al día, es decir, 3 mil 696.6 pesos mensuales, lo que resulta en poco más de 11 mil pesos durante los tres meses.

El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Bienestar, ejecutaría esta Ley; el Inegi contribuiría con la declaración de situación especial y, junto con el IMSS, establecería los grupos ocupacionales; mientras que el Coneval evaluaría y vigilaría el programa.

El ingreso mínimo vital, recomendado por la ONU, Cepal y el Banco Central Europeo, entre otros, está en proceso de implementación en países europeos como España e Italia, y latinoamericanos como Chile y Brasil. Y actualmente se discute en Estados Unidos, Alemania y Francia.

El pago de la hipoteca social nos compete a todos los actores sociales, políticos y económicos de la sociedad; y no se trata de expedir un cheque, no es dar una limosna, sino involucrarse realmente en proyectos sociales para la población vulnerable. Hoy, numerosos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil defienden el concepto de ingreso mínimo universal para hacer posible la sociedad del bienestar.

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