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Al Rey Sol
Las vicisitudes que se han presentado en el proceso de designación de cuatro nuevos consejeros al Instituto Nacional Electoral (INE) han provocado un encendido debate en torno a su desempeño como garante de la legalidad y transparencia en los procesos electorales. Por una parte, quienes reivindican que su existencia es fundamental para el desarrollo democrático; por la otra, quienes señalan que sus actuaciones han ido a contrapelo, de los objetivos para los que fue creado. En medio de la disputa, conviene contextualizar históricamente la trayectoria de la institución.
A raíz del fraude electoral de 1988, que exacerbó la desconfianza de los mexicanos a la limpieza de las contiendas electorales y el respeto al voto ciudadano, se generó una crisis de credibilidad que obligó al Estado, en 1990, a sustituir la Comisión Federal Electoral, entonces presidida por el secretario de Gobernación, por el Instituto Federal Electoral (IFE) y la expedición de una nueva ley electoral, el Cofipe. Empero, el Consejo General del nuevo organismo era presidido por el secretario de Gobernación, lo que lo subordinaba, inevitablemente, al jefe del Ejecutivo.
Sería hasta 1994 cuando, previo a las elecciones presidenciales, se realiza una transformación radical en la integración de su Consejo General, sustituyendo a los magistrados que lo integraban por seis consejeros ciudadanos que al sumar la mayoría de votos se convertían en la instancia de decisión. Fue gracias al prestigio social y la condición apartidista de sus integrantes, como Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti y José Woldenberg que, no obstante, el candidato del partido oficial resultó vencedor, la credibilidad ciudadana en los procesos electorales experimentó una cierta recuperación.
El proceso de autonomía culminaría con la reforma electoral de 1996 con respecto al Ejecutivo, pero al quedar la designación de los consejeros en manos del Congreso, ocasionó que la integración del consejo se realizara mediante el sistema de cuotas, derivado del porcentaje de representación que tenían los partidos en el congreso. De esta manera, el IFE/INE, que fue creado para garantizar la vigilancia ciudadana sobre la limpieza y legalidad de los procesos electorales, se convirtió en un reducto de la partidocracia.
Si bien en el 2000 el desempeño del IFE fue importante para propiciar la alternancia en condiciones de civilidad política, su incapacidad para abonar a la legalidad y transparencia del proceso en los casos del Pemexgate y Los amigos de Fox evidenciaron su falta de autonomía e independencia de los partidos políticos. Esta situación se agravó con la designación de los nuevos consejeros en 2003, lastrado en sus orígenes por el acaparamiento de consejeros por parte del PRI y el PAN y la exclusión del PRD en el reparto de cuotas. La consecuencia de esta integración fueron las cuestionadas elecciones de 2006 y la firme sospecha de un nuevo fraude electoral. En 2012, su incapacidad para desentrañar y llevar a la justicia el caso de Monex sólo sirvió al deterioro de su imagen.
Resultó un signo positivo, en la mira de erradicar el sistema de cuotas, que para la designación de los nuevos consejeros se integrara un Comité Técnico Evaluador, integrado por ciudadanos, sin militancia partidaria, que se encargaría de llevar a cabo el proceso de selección y la confección de quintetas, de las cuales el Congreso seleccionaría a los nuevos consejeros. Empero, la presencia en el comité de John Ackerman, activo ideólogo y propagandista de la 4T, puso en entredicho el compromiso del nuevo gobierno de erradicar las viejas prácticas de cooptar las instituciones para el servicio de sus particulares intereses.
Sin embargo, habría que reconocer que la coalición mayoritaria no sucumbió a la tentación de revanchismo, sino por el contrario, con el acuerdo unánime de la Junta de Coordinación Política y su ratificación por el pleno de la Cámara de Diputados, se dio un paso adelante hacia la recuperación del carácter ciudadano del órgano electoral. Un gesto incipiente, si se quiere, pero que abona a nuestra frágil democracia.
Twitter: @fracegon
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