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Lo ideal en el proceso de fiscalización es que los recursos que son señalados como anomalías sean recuperados, afirmó la presidente del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), Lucía Almaraz Cázarez, quien admitió que ese sigue siendo el tema pendiente en la agenda de la materia.
Después de que El Diario NTR Guadalajara publicó que en Jalisco hay créditos fiscales producto de auditorías por más de mil 146 millones de pesos, recursos que no han sido recuperados, señaló que también hace falta que los funcionarios responsables sean sancionados.
Ese monto corresponde a 86 créditos fiscales determinados por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y están incluidos en el informe semestral que el órgano fiscalizador presentó al Congreso del Estado. Almaraz Cázarez dijo que “estos Municipios y estos entes tendrían que estar explicando por qué no han cubierto los créditos fiscales, sobre todo para encontrar una solución”.
Consideró que una opción sería “adelantar si pueden pagar o no” y también dijo que es una obligación del Congreso del Estado verificar que se ejecuten los procesos resarcitorios del daño que se causó a la hacienda pública, por lo que la Comisión de Vigilancia debería “apretar la pinza y con ello se podría convocar para que los Municipios nos expliquen por qué no han pagado” o incluso diseñar un plan de pagos para que al menos puedan devolver el dinero “en abonitos”.
Para la titular del CPS, la Auditoría Superior cumplió con la tarea que le corresponde en el momento en que se determina el crédito fiscal, que es el último momento en el proceso de fiscalización.
Otro de los informes entregados por la ASEJ al Congreso del Estado es el que corresponde a la revisión de las cuentas públicas de 2018, en el que sobresalen las observaciones a Municipios por anomalías en torno a autorizaciones de nuevos fraccionamientos. Al respecto, Lucía Almaraz recordó que incluso el SAE emitió ya una recomendación sobre las omisiones de los ayuntamientos en la integración de sus órganos de control interno.
Ese señalamiento también es hecho por la Auditoría Superior en el informe entregado al Congreso del Estado. Al respecto, la titular del CPS afirmó que los órganos de control interno son la columna vertebral del SAE, por lo que tiene que trabajarse en su integración para evitar irregularidades en torno a programas sociales, compras, contratación de servicios y la urbanización.
Sostuvo que “cuando en un ayuntamiento se integra debidamente un órgano de control, sí ayuda a prevenir situaciones (irregulares), pero sobre todo también hay un alto porcentaje de posibilidades de que los responsables puedan ser sancionados mediante procesos administrativos y un ejemplo claro lo tenemos en Zapopan y Guadalajara, donde sí se han podido integral las contralorías ciudadanas”.
Los Municipios faltantes, concluyó Almaraz Cázarez, incurren en omisión por diversos factores, pues hace falta voluntad política “y tiene que ver también con el tema presupuestal, pues no es lo mismo un Municipio de la Zona Metropolitana que uno como Mezquitic, donde las condiciones son diferentes”.
Alberto Uribe Camacho, ex presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, rechazó que las recuperaciones de recursos públicos que se ejecutaron en la revisión de la Cuenta Pública 2018 del Municipio puedan considerarse irregularidades.
En el informe entregado por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) al Congreso local se hicieron señalamientos a Tlajomulco por 14.5 millones de pesos que fueron recuperados al revisar la cuenta pública de ese ejercicio, cuando Uribe era presidente municipal.
Según el documento, del que este diario tiene una copia, son 20 mil pesos de un fondo revolvente que no fueron ejercidos, más de 248 mil pesos pagados por volúmenes de obra que no fueron realizados y 14.2 millones de pesos por diversos permisos de nuevos fraccionamientos.
El ex alcalde señaló que las recuperaciones fueron derivadas de “acciones de cobro por parte del Municipio, dentro de la revisión del ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al 31 de diciembre de 2018, por lo que resulta impreciso referirse a ellos como anomalías.
Agregó que las observaciones se hicieron porque no se respondieron las peticiones de la ASEJ durante la revisión, ya que se llevó a cabo en 2019, cuando ya había terminado su gobierno; sin embargo, cuando el pliego de señalamientos le fue entregado, se solventaron. Sonia Serrano Íñiguez
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