La agenda que importa

En días recientes recordamos que hace dos años un tráiler cargado de cuerpos circuló por la Zona Metropolitana de Guadalajara. En dos años el número de cadáveres rescatados de fosas clandestinas en Jalisco aumentó 461 por ciento. La desaparición de Alejandro evidenció que la búsqueda de personas en el estado mantiene las mismas deficiencias de la administración pasada. 

Estos tres temas pueden parecer apenas botones de muestra de la información que de manera cotidiana consumimos. Y lo hacemos ya sin escandalizarnos. De manera inexplicable, las fosas, los asesinatos y las desapariciones siguen sin ser la prioridad en la agenda de Jalisco. Ni siquiera al poner rostro a los números. 

El escándalo de los cuerpos depositados en las cámaras de refrigeración móviles hace un par de años alcanzó incluso difusión internacional. El origen del problema fue un Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses rebasado, pues el número de asesinatos que se registran en la entidad está por encima de su capacidad para realizar autopsias y llevar los procesos de identificación de cadáveres. 

Lo grave es que ese problema no ha sido superado y en diferentes momentos en el transcurso de los dos años posteriores a ese terrible momento, el número de cuerpos acumulados sin identificar en el IJCF se ha visto duplicado y hasta triplicado. Es decir, se encontró tal vez un espacio menos escandaloso para depositar los cuerpos, pero el problema no se ha resuelto sino, por el contrario, creció. 

Es inevitable ligar lo que sucede en el área forense con el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas. Jalisco ocupa el primer lugar nacional en el número de cuerpos encontrados en cementerios ilegales. 

En distintos trabajos periodísticos que se han realizado sobre este tema, especialmente a través del proyecto México el país de las 2 mil fosas, del sitio A dónde van nuestros desaparecidos, y el seguimiento a esta gran investigación, se ha perfilado una conclusión sobre el objetivo de las fosas: borrar el rastro del paso de estos seres por la tierra, que va más allá de la intención en un homicidio y, por supuesto, aumentar las posibilidades de impunidad. 

Porque hay otro detalle que no podemos perder de vista: el hallazgo por parte de las autoridades de fosas clandestinas no ha sido sinónimo de acceso a la justicia. 

¿Cuáles son los factores que nos han llevado a este punto? Hace unos días Fátima Aguilar, reportera del espacio informativo de MVS Jalisco, dio a conocer el valiente testimonio de la esposa de Alejandro Rivera, quien desapareció el 13 de agosto. La simulación, la indolencia y las omisiones para buscarlo son la más clara respuesta a esa pregunta. 

La familia de Alejandro Rivera se ha encontrado con absurdos como que el ministerio público responsable se fue de vacaciones y no se comenzaron las investigaciones, además que una vez abierta la carpeta de investigación no se han tomado en cuenta los elementos de prueba que ha aportado la familia ni han sido atendidos por las autoridades. 

La respuesta de la fiscal de desaparecidos, Blanca Trujillo, es que las familias no ven resultados en el trabajo mientras sus seres queridos no aparecen. Y puede que tenga razón, pero esta historia de Alejandro se parece a la que cuentan la mayoría de los familiares de desaparecidos: no hay realmente una búsqueda ni un cruce real entre la información de cuerpos localizados y personas desaparecidas, las pruebas son las que aportan las familias y no siempre son incorporadas a la investigación. 

Estamos a punto de entrar a esa época en que los partidos políticos, en su disputa electoral y en su guerra sucia nos secuestran la agenda. De todos nosotros dependerá que estos temas no se diluyan en sus pleitos por el poder. 

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