Diputados, con menos injerencia en cuentas

Los cambios en la legislación en materia de fiscalización apuntan a homologar los criterios con el trabajo que se hace a escala federal, lo cual implica menos atribuciones para los diputados locales, explicó el titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, quien dijo estar dispuesto a comparecer ante los legisladores ante dudas surgidas ayer en la Comisión de Vigilancia del Legislativo. 

Hace algunas semanas, la ASEJ remitió al Congreso los informes de la revisión de las cuentas públicas que ha revisado del ejercicio 2018.  

Ayer, la titular de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Mirza Flores Gómez, indicó que en el Congreso desean que la ASEJ les explique el porqué de los cargos instaurados a cuentas públicas de 2018. La diputada aceptó que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios sólo obliga a la auditoría a entregar informes de los ejercicios, pero alertó que quieren más detalles de las conclusiones. 

La legisladora expuso que primero citará a una mesa técnica con asesores y luego organizará una comparecencia con Ortiz Ramírez. Mientras ambos eventos no se realicen, estará detenida la dictaminación de 83 informes de cuentas públicas de 2018. 

“Solamente nos mandan la conclusión y los resultados, pero no sabemos qué tuvo a la vista (la ASEJ), por qué valoró si es cargo o no es cargo, en qué se basó para fincar ese cargo. Muchas de las veces son predios, donaciones (…) y se finca el cargo como si fuera uso de dinero público”, aseveró. 

A mediados de septiembre, El Diario NTR Guadalajara dio a conocer que la ASEJ fincó cargo por más de 122 millones de pesos a las cuentas públicas municipales y estatales de 2018. En el informe se estableció que las inconsistencias corresponden a 31 ayuntamientos y al Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Jalisco (Infejal). Los montos más importantes corresponden al Municipio de Villa Hidalgo, al cual se le señalan 19.5 millones de pesos (mdp); a Tlajomulco de Zúñiga, con 14.5 mdp, y a Atotonilco el Alto, con 14.2 mdp. 

Tras lo determinado ayer por la Comisión de Vigilancia, el auditor superior dijo que no tiene problema con acudir al Congreso del Estado. Explicó que es normal que existan inquietudes “porque entramos a un nuevo modelo de fiscalización” que se aprobó en septiembre de 2017 con la nueva Ley de Fiscalización, que aplica a la revisión de cuentas a partir de 2018. 

El cambio más importante, añadió, es que se homologan los procesos con la fiscalización nacional, “es decir, nuestro proceso de fiscalización local es prácticamente el mismo modelo que tiene la Auditoría Superior de la Federación”. 

Detalló que los procedimientos y, sobre todo el informe, contienen “los apartados que contienen los informes de la Auditoría Superior de la Federación”.  

Sobre las diferencias con el procedimiento anterior, recordó que antes de la reforma se remitía un primer informe al Congreso del Estado, el cual “servía como un instrumento jurídico y la Comisión de Vigilancia lo analizaba y se hacía llegar de información que nos remitían para volver a analizarlo”. 

Lo anterior representa que los diputados intervenían en el proceso de fiscalización, mientras que en el modelo actual ya no tienen esa atribución y, en cambio, pueden intervenir el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).  

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