El ‘riesgo’ de transparentar

La transparencia es el único antídoto que tenemos los ciudadanos para contrarrestar el abuso de poder. 

De nuevo, como la marea, volvemos a visitar el engorroso programa de A Toda Máquina (ATM). 

Vamos al origen. Todo nace de una pieza publicada el 29 de marzo de 2019 por parte de NTR titulada “Va al basquetbol... y gana licitación”. Ahí se revela que el gobernador Enrique Alfaro y la diputada Mirza Flores vieron un juego de los Lakers junto con el empresario Guillermo Romo Romero, quien fue el ganador del contrato más importante que había asignado la administración estatal hasta ese momento: 3 mil 634 millones de pesos para el “arrendamiento de maquinaria pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)”. 

Luego vino una serie de piezas (de Sonia Serrano) en las que se documentó que a través de la empresa Operadora de Servicios Mega (de Romo Romero) se rentó maquinaria a la Sader en las que la firma ganadora y la otra finalista, Avancap, tienen como representante a Mariel Rodríguez Printzen, persona que antes laboró para las notarías del papá y el hermano del gobernador. 

Mucha tinta ha corrido desde entonces: hasta ayer NTR había publicado, al menos, 116 notas relacionadas al programa (entre revelaciones, seguimientos, reacciones, justificaciones y un largo etcétera). 

Esta semana abrimos con la resolución por parte de la Contraloría de Jalisco de que no se pueden revelar las investigaciones por la iniciativa más polémica acuñada por Alfaro. 

La transparencia engendra legitimidad. Es titánico el esfuerzo de algunos políticos para intentar ocultar algo que, tarde o temprano, se va a conocer. Ensucian su propia administración a la que le tiran sombras innecesarias. 

Ahora, ante la solicitud de transparencia de Sonia, la Contraloría reservó la información de los procesos que se siguen por las irregularidades en la licitación de ATM por un plazo de cinco años o hasta que haya causado estado. 

Lo más indignante son los argumentos para prorrogar el trámite. La Contraloría afirma que la divulgación de la información atenta contra el interés público y “el daño o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información supera el interés público general de conocer la información”. 

Nada menos. No entiendo cómo un programa público de reparto de maquinaria para el campo (lo estoy simplificando) pueda comprometer a la sociedad de alguna forma. 

Por cierto, entre los investigados de la propia Contraloría por ATM se encuentra Luis Arturo López Sahagún… quien sigue como director general de Abastecimientos de la Secretaría de Administración. 

Es, posiblemente, el mismo caballero que autorizó las compras de insumos médicos contra la pandemia de Covid-19. La semana pasada María Teresa Brito mencionó que encontraron una discrepancia entre lo comprado y lo que encontraron en almacenes en el OPD de la Secretaría de Salud. Aunque no se dieron nombres de responsables porque la investigación todavía continúa, estamos hablando de 16 adjudicaciones directas por 350 millones de pesos. 

Regresando a ATM, José Bautista Farías, integrante de la Amedi, señaló que la propia ley de transparencia “marca excepciones” para la reserva de información: las carpetas de investigación relacionadas con actos de corrupción no podrán ser clasificadas como reservadas y este es el caso, presuntamente. 

El balón se encuentra hoy en la cancha del Itei para que sacuda la opacidad alrededor de ATM. 

La del estribo se la dejo a una frase que le acreditan al dalái lama: “La falta de transparencia provoca desconfianza y un profundo sentimiento de inseguridad”. 

Twitter: @cabanillas75

jl/I