Incertidumbre, desconfianza y dominio

Muy lejos estamos del lugar donde el triunfalismo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez nos quiere pintar para acceder a la justicia por el 4, 5 y 6 de junio de 2020. 

Es una burla que hace casi un mes haya dicho que “estaban en manos de la justicia” los responsables de los atropellos. De entrada, fueron acusados de abuso de autoridad y no del delito de desaparición forzada de personas. Porque es eso. En la desaparición forzada no importa si fueron 5 minutos o fue para siempre, lo que importa es que alguien se lleva a una persona para que no sea encontrada ni se sepa su paradero. Las personas que sufrieron la represión de esos días tenían la angustia de saber que alguien desde el poder había ordenado privarlas de la libertad y que había la posibilidad razonable de que nunca se volviera a saber de ellos. 

Al final, fueron 16 personas agraviadas por el delito que judicializó la fiscalía anticorrupción de abuso de autoridad quienes decidieron llegar a un acuerdo reparatorio con los funcionarios imputados, que consistió no solo en hacer un pago económico por el daño, sino en otras condiciones establecidas por la autoridad judicial. 

Dicen que no fue una exoneración y, quizás, en términos legales no lo haya sido, porque el proceso quedó suspendido para que cumplan con lo ordenado por el juez. Ese beneficio de suspensión condicional del proceso es algo previsto en la ley, un beneficio concedido por el Código Nacional de Procedimientos Penales para personas que están acusadas de un delito no grave para que eviten ir a prisión si cumplen con la reparación del daño a favor de las víctimas. Pero en la práctica, sí se trata de una exoneración porque ya no irán a juicio, ya no se desahogarán pruebas en su contra ni tendrán otro castigo que el pago del dinero. 

La resolución del juez contemplaba que debían ofrecer una disculpa a las víctimas y a la sociedad, pero solamente las 16 personas agraviadas por abuso de autoridad escucharon esa disculpa. El resto de la sociedad no sabemos qué dijeron, cuál fue su explicación, su contrición, su compromiso. 

Además, es de conocimiento público que fueron solo peones de un juego macabro de quienes detentan el poder más alto. No se trató de una decisión fortuita de unos policías investigadores rebeldes, no se trata de manzanas podridas, sino de la ejecución de órdenes superiores conscientes. Probablemente se les salió de control, les falló el cálculo político de la magnitud que tendría ese levantón masivo del 5 de junio, que no fueron 16 personas, sino cientos. Es público porque hay testimonios de personal de la fiscalía que dan cuenta de órdenes y conocimiento de los superiores, así como testimonios de víctimas que fueron abandonadas en lugares remotos y de otras que estuvieron privadas de la libertad en instalaciones de la fiscalía. 

Lo que no es público son las acusaciones de que vinieron provocadores de la Ciudad de México para encender la violencia del 4 de junio, algo que el gobernador aseguró en su momento y que no ha demostrado documentalmente de manera abierta. 

Pero sí es público que el fiscal y el gobernador reconocieron la infiltración de la delincuencia organizada en lo más profundo de la fiscalía. Lejos de causar alarma y emprender acciones inmediatas de investigación, de evaluación y de prevención, las instituciones se lo tomaron con toda calma y siguieron igual que siempre, apenas con algunos cambios que están por verse en la Policía del Estado, mas no en la fiscalía. 

Lo que queda es la incertidumbre de la sociedad, la perpetua desconfianza de las decenas de víctimas que no recibieron justicia y el dominio del crimen. 

Twitter: @levario_j

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