Auditoría encuentra anomalías en ATM

La cuenta pública del gobierno del estado correspondiente a 2019, la primera del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, no salió limpia. La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) ratificó que la licitación del programa de arrendamiento de maquinaria pesada A Toda Máquina (ATM) registró irregularidades y propuso que se finquen responsabilidades administrativas contra los funcionarios responsables. 

En el informe de auditoría remitido este mes al Congreso del Estado se informa que se enviaron las observaciones “a la Unidad de Investigación y Atención de Denuncias, adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos” de la ASEJ, así como al órgano de control del Poder Ejecutivo para que se hagan las investigaciones correspondientes “a efecto de determinar las responsabilidades administrativas y demás responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse”. 

Aunque la ASEJ precisa que de las inconsistencias no se desprende la posibilidad de que se haya cometido un delito, también menciona que eso es “sin perjuicio de las acciones que pudieran derivarse de los procedimientos y trabajos de investigación” que lleven a cabo las dependencias a las que se remitió la información de las irregularidades. 

Al revisar la Cuenta Pública 2019, el órgano fiscalizador determinó que no pudieron aclararse observaciones relacionadas con el arrendamiento de maquinaria pesada con la empresa Operadora de Servicios Mega, ganadora de la licitación y cuyo propietario es el empresario Guillermo Romo Romero. Por la renta de las máquinas el gobierno del estado pagará a lo largo del sexenio 3 mil 634 millones de pesos. 

En la séptima observación de la cuenta pública, la ASEJ encontró que en el “proceso de la licitación pública local LPL 01/2019, denominada Servicio de Arrendamiento Puro de Maquinaria Pesada, Equipo y Accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se detectaron inconsistencias; asimismo, se analizaron diversas solicitudes de pago que afectaron el presupuesto del ejercicio 2019 por concepto de arrendamientos, el cual debe acreditar la totalidad de la documentación que aclare y justifique dicha operación” por un importe de 483 millones 276 mil 431.8 pesos. 

Aunque en la versión pública del informe de la auditoría no se especifican los nombres de los funcionarios señalados ni las faltas en concreto que cometieron, advierte que “se aprecia que un servidor público del Comité de Adquisiciones pudiera haber dejado de atender las disposiciones previstas en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, motivo por el cual se presume la existencia de responsabilidades administrativas”. 

Al igual que lo señaló la Contraloría del Estado al revisar la licitación, la ASEJ señala que el representante de la empresa Avancap, una de las dos que participó en la licitación y que no fue adjudicada, no acreditó la personalidad, por lo que no debió permitírsele participar. Esta es una de las observaciones que no fueron solventadas y que también implicarían responsabilidad administrativa. 

Otras observaciones que coinciden con los señalamientos que hizo la Contraloría del Estado al proceso de licitación y que ni siquiera fueron revisadas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), instancia que exoneró a los funcionarios responsables, son las que tienen que ver con documentos no aportados por la empresa Avancap que formaban parte de las bases de la convocatoria, por lo que debió ser eliminada del proceso. 

Lo anterior habría afectado la licitación, pues según lo establecido en la fracción VII del artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en un proceso como el de ATM se debe “contar con un mínimo de dos propuestas susceptibles de analizarse técnicamente”. 

Durante el proceso, Avancap no acreditó ser una entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) durante 2019 y tampoco cumplió con el requisito de contar con calificaciones vigentes crediticias ni demostró que contaba con al menos 10 años de experiencia en el mercado de arrendamiento. 

¿PROGRAMA PLANEADO? 

Asimismo, la ASEJ encontró deficiencias en la planeación de ATM, pues considera que no se identifica qué se entiende por infraestructura rural a desarrollar “ni se identifica a la población que se ve afectada con el problema”, dos puntos que eran necesarios para “un diseño eficaz y eficiente del programa” y para focalizar la atención a quien realmente la necesita. 

Además, identificó que hay “una vinculación parcial entre las causas del problema y las soluciones planteadas por el programa” y que algunos de los objetivos que se trazaron, como la rehabilitación de caminos rurales y la limpieza y desazolve de cauces y/o cuerpos de agua, son tareas que corresponden a los Municipios. 

Como conclusión, la ASEJ determinó que el Ejecutivo tuvo un manejo aceptable en 2019, “con excepción del resultado número siete”, que es el relacionado con ATM. 

El gran pero

• En su informe de auditoría de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior consideró que el Ejecutivo tuvo un manejo aceptable en 2019 a excepción de lo relacionado con el programa A Toda Máquina 

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