Pecado de omisión

Legislaturas van y legislaturas vienen y sus representantes frecuentemente caen en el pecado de omisión en cuanto al orden administrativo que debe tener el Poder Legislativo. 

Cuando se les pregunta acerca del total de empleados que hay, la facilidad para otorgar bases y nombramientos y la complicidad para los gastos de evento, la mayoría responde que no tienen conocimiento y casi casi que no les importa; una respuesta no justificable. 

Es cierto que su principal responsabilidad es legislar y atender a los ciudadanos, pero también deben estar al tanto de si hay o no abusos en la nómina, en el presupuesto y en los gastos, pero obviamente eso no les preocupa. 

Incluso los que sí tienen que ver con el tema porque integran la Comisión de Administración o la Junta de Coordinación Política se salen por la tangente en estos temas y con justa razón, porque no se meten de lleno a su análisis, y desconocen lo que está ocurriendo, incluso tampoco preguntan quizás porque cuando lo hacen les contestan con evasivas y se conforman. 

El Poder Legislativo está en una de sus más grandes encrucijadas porque tienen la oportunidad de lograr el orden administrativo que se ha anhelado por años o seguir como sus antecesores simulando que les interesa hacerlo. Aquí hay de dos sopas o lo hacen o simulan que les interesa y mandan el tema a dormir el sueño de los justos, la congeladora y se queda en el limbo como ocurre con los temas polémicos que no quieren votar. 

Ya es tiempo de que se empapen de este tema a profundidad para que puedan opinar con conocimiento de causa, que lo discutan de manera interna y que hagan versiones públicas para que todos estemos enterados de sus posicionamientos y sus intereses para saber si quieren hacer un cambio. 

Al aprobarse este año el presupuesto a ejercer por 946 millones de pesos, los coordinadores parlamentarios prometieron reducir la nómina, congelar plazas y privilegiar el servicio civil de carrera, y nada de esto se ha hecho. 

Aún están a tiempo de lograr lo prometido, tienen todo el año para mostrar resultados porque sabemos que es una tarea que lleva tiempo, y aquí es donde podrían surgir los inconvenientes si es que estos temas empiezan a politizarse, a culparse mutuamente de los desaciertos o quejarse de cómo están actualmente en vez de ver hacia el futuro. 

Los actuales diputados tienen la oportunidad de modificar la ley para evitar el incremento de la plantilla de base por supuestos derechos de antigüedad, es decir, por ser contratado en dos o más Legislaturas de manera continua cuando saben que son empleados temporales. Sabemos que buscan la seguridad laboral, las prestaciones legislativas que no hay en otros sitios, y puede ser que algunos se las merezcan, pero eso deben demostrarlo con productividad y resultados no por prácticas jurídicas para conseguir el puesto. 

Esto propicia que cada tres años se incremente la plantilla de base porque el personal supernumerario nunca se reduce; al contrario, cada legislatura busca cómo meter más para cumplir con sus compromisos políticos. 

Los nuevos diputados siempre buscan estos espacios para acomodar a sus amigos, ahijados, familiares lejanos o cercanos o sus amores, en vez de privilegiar el conocimiento de quienes ya están ahí y pueden apoyarlos de manera exitosa. 

Parte de la solución sería reducir el personal supernumerario, el que contratan cada tres años porque deberían confiar en la capacidad técnica de los que ya están, sin embargo, difícilmente esto prosperará porque lo que buscan no es gente de confianza, sino aquélla que puedan controlar y aquí es donde surge el pecado de omisión porque prefiere meter a su gente, que buscar el bien general de este poder. 

¿Quién estaría dispuesto a renunciar a su personal supernumerario? 

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