Desdén institucional

Recientemente nos enteramos de que las acciones del gobierno de Jalisco ante la problemática de desapariciones de personas han tenido avances reconocidos por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED). A través de un comunicado emitido el 13 de abril de 2022 el gobierno estatal destacó su apertura hacia las observaciones del informe del CED, aclarando que “el documento presentado está dirigido principalmente al Estado mexicano, y en el caso de Jalisco, se reconoce y valora de forma positiva los avances en el tema en el estado”. Lo anterior como si Jalisco no formara parte de México, no fuera el estado con el mayor número de personas desaparecidas en el país con la impunidad casi absoluta y, además, como si no existieran graves retrocesos en la implementación de leyes en materia de desaparición en la entidad.

El CED lamentó que, a cuatro años de la adopción de la ley general en materia de desaparición, algunos estados como Jalisco no cuentan con fiscalías especializadas con la estructura orgánica y atribuciones previstas en la misma. A modo de justificación, el Ejecutivo estatal explicó que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) fue creada en 2017, previo a la aprobación de dicha legislación y “cumple por completo en estructura y organigrama a lo establecido”. Lo que se le olvida aclarar es que en aquel momento dicha institución fue creada como fiscalía especializada, y con la llegada de la actual administración y la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado se le cambió su estatus a fiscalía especial, disminuyendo oportunidades para su autonomía y contraponiendo lo establecido en el artículo 68 de la ley general de crear “fiscalías especializadas”.

Además, el reglamento interno de la FEPD fue aprobado de manera irregular sin la consulta previa con las familias, violando el principio de participación conjunta que rige el marco normativo de desaparición. Frente a los señalamientos sobre la subordinación total de esta dependencia al gobierno y exigencias de la renuncia de la fiscal, el reforzamiento de su autonomía es fundamental para garantizar investigaciones sin indebidas injerencias y combatir la impunidad.

Asimismo, el informe del CED destaca a Jalisco como una de las entidades en las cuales se llevaron a cabo las desapariciones de personas tras su internamiento en centros de adicciones y resalta que ha existido la práctica de desapariciones de personas LGBTIQ+, “cometidas por fuerzas de seguridad, o por la delincuencia organizada, con distintos niveles de convivencia de las autoridades, y en muchos casos con fines de “limpieza social” o de explotación sexual, frecuentemente tras el internamiento en los llamados ‘centros de terapias de reconversión’”. Sobre esto el boletín institucional no realiza ninguna referencia ni aclaración.

Finalmente, en el comunicado se describe que “las autoridades están trabajando de forma constante y permanente” para el cumplimiento de las leyes en materia de desaparición; sin embargo, la implementación de estas leyes “de vanguardia”, como lo describen, no ha sido priorizada. Los artículos transitorios quedan incumplidos y las manifestaciones de familiares de personas desaparecidas confirman que no se perciben avances sustantivos para fortalecer la búsqueda e investigación. La ley tiene gran potencial, pero su cumplimiento ha sido una simulación sin vergüenza.

El CED resaltó la responsabilidad de las autoridades por la comisión de desapariciones también al no investigarlas, no prevenirlas o no buscar a las personas desaparecidas. Tras la declaración del presidente de que el informe del comité no está apegado a la verdad, con el comunicado del gobierno de Jalisco se reafirma el desdén y resistencias institucionales frente a un fenómeno tan grave y exponencial. Las cifras de personas desaparecidas y de hallazgos de fosas clandestinas no dejan de crecer. No es una herencia del pasado, ni una problemática ya atendida. Sus causas profundas persisten y abonan a su permanencia, y es impostergable que las autoridades se hagan cargo de sus obligaciones, sin pensar en categorías de tiempo, perpetradores o territorio, y sin actuar con egos y soberbia.

[email protected] 

JB