ECOSIG, ¿licencia para torturar?

Debemos preocuparnos porque en el Congreso de Jalisco hay personas que saben manipular los procesos legislativos y hace tres semanas lograron imponer dos normas dañinas para las poblaciones que integran los grupos de la diversidad sexual. 

En lo que se refiere al derecho al matrimonio, el Congreso acató, con un retraso de seis años, un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y cambió el Código Civil de Jalisco para estipular que el matrimonio es para dos personas mayores de edad, sin especificar ningún género, con lo que se le reconoce igualdad de derechos a todas las parejas casadas. Eso estuvo bien. 

Pero, aprovechando que las votaciones se realizaron en secreto, la mayoría en el Congreso aprobó una reforma regresiva en términos de derechos humanos, al hacer posible legalmente el cambio de identidad de género en las actas de nacimiento únicamente a personas mayores de edad, cuando eso ya era posible también en el caso de las personas menores de edad, gracias a un decreto del gobernador del estado. Esto significa que se afectaron de manera grave los derechos de las infancias trans que antes de esa reforma sí podían realizar ese trámite en Jalisco, por lo que es probable que esta reforma sea impugnada, y la SCJN ordene su corrección. 

Sin embargo, lo más grave, a mi parecer, es lo que ocurrió en lo que se refiere a la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, es decir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), ya que se dejó abierta la puerta para que la industria que se ha creado en torno a ellas siga operando. Para quienes no estén al tanto del asunto, el supuesto detrás de los ECOSIG es que las personas que no se reconocen como heterosexuales están enfermas mentalmente, pero se les puede “curar”, o por lo menos enseñarles a actuar como personas “sanas”, algo que no tiene sustento científico, como ya lo aclaró la Organización Mundial de la Salud, que además ha dejado claro que la aplicación de ECOSIG se puede equiparar a la tortura. 

A pesar de ello, hay organizaciones y personas que se oponen al reconocimiento de identidades no heterosexuales, argumentando que la decisión de quitar de la lista de enfermedades mentales esa situación fue una decisión que se tomó sin base en un estudio científico que lo avalara, pero omiten mencionar que esa condición se incluyó originalmente en la lista de enfermedades mentales sin que hubiera un estudio que lo respaldara. 

La cuestión es que, en nuestro país y nuestro estado, hay quienes se dedican a torturar personas con la finalidad de obligarlas a asumir una identidad heterosexual que no es la suya, y asimismo hay personas y organizaciones que promueven esa barbaridad, así como hay quien obliga a sus hijos u otras personas bajo su tutela a padecerlas, y en los tres casos lo hacen impunemente. 

De hecho, en muchas ocasiones los ECOSIG se aplican de manera clandestina, en situaciones que ponen en riesgo la integridad y la vida de quienes las padecen, como ha documentado y denunciado mediante su estudio pionero en México (https://bit.ly/3EVvBMd), Rodolfo Bañuelos Zamora, investigador especializado en derechos LGBT+, actualmente auspiciado por la Universidad de Guadalajara. 

Pese a lo cual, la mayoría en el Congreso de Jalisco en vez de establecer una normatividad que ayude a prevenir, o, en su caso, a sancionar y reparar el daño, se limitó a estipular la aplicación de una multa a quien obligue a otra persona a sufrir los ECOSIG, lo que, en la práctica, equivale a que el Legislativo hubiera tasado el precio de una licencia para torturar. 

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