Un peón en la Fiscalía

Si uno tuviera que atar los cabos, pensaría que al fiscal Luis Joaquín Méndez desde arriba le dieron la orden de salir a contradecir los reportes de intentos de levantones de estudiantes. 

El funcionario estuvo a punto de descalificarlos en varias ocasiones cuando salió el jueves a dar una rueda de prensa de última hora, en la que únicamente se abordó ese tema. Pero se contuvo. Su mensaje fue confuso y contradictorio. Planteó sus argumentos para sutilmente negar la información que había dado a conocer la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) horas antes, pero al final no presentó una conclusión concreta y su mensaje se quedó en una rueda de prensa más en que la Fiscalía dice lo obvio: que está investigando lo que está obligada a investigar. 

La argumentación del fiscal inició con una narración genérica de los tres casos que admite haber tenido conocimiento e iniciado una carpeta de investigación. Lejos de informar para que la ciudadanía, especialmente la comunidad estudiantil, tenga datos que le permitan prevenir y tomar decisiones en cuanto a sus actividades, sus desplazamientos, sus horarios y las precauciones con motivo de la inseguridad, Méndez hizo una narración burda de las denuncias presentadas por las víctimas y omitió detalles relevantes como el lugar donde ocurrieron los hechos denunciados. 

Dijo que sólo podía mencionar los municipios y no las colonias por tratarse de investigaciones abiertas, además de que la ley le obligaba a reservar información de los detalles de las circunstancias o de las peculiaridades de los casos. Parece que la ley de Jalisco es la única que tiene esas restricciones tan ridículas, porque en cualquier otro estado las autoridades suelen reportar sin tanto trámite lo que los medios de comunicación preguntan en nombre de la sociedad. Cuando un caso ha involucrado a autoridades de Jalisco y de otros estados es más fácil que informen adecuadamente las autoridades de Nayarit, Michoacán, Colima, Zacatecas y Guanajuato a que lo haga la Fiscalía local. 

En vez de explicar el contexto en que se dieron las denuncias, las condiciones en que se podrían haber originado los ilícitos y los cuidados que debería tener la ciudadanía, así como las labores de coordinación para evitar ese tipo de levantones, el fiscal se limitó a asegurar que la situación le preocupaba a la institución. 

Aunque el fiscal no tachó abiertamente las denuncias como falsas, cada uno de los elementos de su presentación buscaba hacerlas ver como tales. Uno de los elementos que hacen pensar eso fue la mención de la labor de los agentes investigadores y de los peritajes. Declaró que la información denunciada no se podía corroborar con los resultados obtenidos de los peritajes ni a partir de las entrevistas que hicieron los policías de la Fiscalía ni de las revisiones de cámaras de videovigilancia. 

Lo planteó de varias maneras: que los hechos denunciados y que obraban en las carpetas de investigación no eran como venían referidos, que no se corroboraban según los actos de investigación, que no se acreditaban ni estaban confirmados. 

Para evitar el linchamiento mediático y los señalamientos de revictimización, se fue por la tangente con que no estaba diciendo que un hecho no hubiera pasado, porque sería irresponsable, y que la Fiscalía seguiría dando atención integral a las víctimas. 

¿Y entonces de qué nos sirve una Fiscalía que no puede verificar la información denunciada por las víctimas? ¿De qué sirve un fiscal usado como peón para mitigar un golpe mediático como lo son esos reportes de intentos de desaparición, si no va a hablar con franqueza y con verdad? 

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