Información oficial que revictimiza

Informar de manera oficial sobre los desaparecidos en Jalisco implica partir de una serie de presuposiciones. Es decir que en cualquier pieza informativa oficial que se hace pública subyacen criterios que norman lo que se da a conocer. Sea un boletín de prensa, un comunicado, una infografía, una base de datos, un pódcast, una línea de tiempo o una conferencia de prensa, detrás está un conjunto de lineamientos internos que, por transparencia y rendición de cuentas, cada sistema de información gubernamental debiera darlos a conocer. Sobre esa base, la población podrá revisar la información oficial que se le entrega. A mayor claridad y pertinencia de las políticas de comunicación oficiales, más posibilidades de construir una sociedad mejor informada. 

La información sobre los desaparecidos en Jalisco, que sigue al alza y rebasa los 15 mil, es de interés público. Ante la gravedad no debiera restringirse a lo que quieran o puedan informar las autoridades. Toda información salida desde los espacios oficiales es un acto de poder de necesaria supervisión ciudadana. La población tiene que ser informada de manera clara, precisa, oportuna y amplia; es decir, con información de calidad. Pasa por contar con una base de datos pública, accesible, completa, actualizada, con información precisa, entre otras características, que permita a las familias y sociedad el seguimiento, evaluación y análisis del fenómeno de las desapariciones, pues la plataforma actual de Jalisco está incompleta, es contradictoria, deficiente y carece de información básica. 

Informar con calidad sobre las desapariciones es un derecho humano individual y colectivo. Su tratamiento tendría que hacerse desde perspectivas como las de derechos humanos y género. Su visión habría que envolverla con un manto humanista, con absoluto respeto a las víctimas y sus familias. Cada información estaría en el marco de asumir la responsabilidad gubernamental de cumplir con la verdad y la justicia, donde cada caso es prioritario. Se tendería por convicción a no esconder, minimizar, tergiversar o eliminar información, sino gestionar el acceso sin barreras, salvo lo que podrían dañar personas o investigaciones. 

El tradicional uso político-comunicacional, que pone en primer lugar a las instituciones o funcionarios antes que a las víctimas, debe ser desterrado. Las instituciones están al servicio de las personas, no al revés. Es inhumano hacer política gubernamental o partidista con el dolor de los desaparecidos y sus familias. Es ruin usar el poder de la comunicación oficial para descalificar, agredir o revictimizar a personas o familias con desaparecidos. En el gobierno estatal recién lo hicieron con Héctor Flores, quien tiene un hijo desaparecido y es líder del colectivo Luz de Esperanza. 

Las políticas informativas oficiales tendrían que surgir del diálogo con las familias y los colectivos de familiares con desaparecidos, y especialistas. Hay que escucharlos, conocer las necesidades informativas, identificar mecanismos de mejora y supervisión institucional y ciudadana. La información que sale de oficinas oficiales tiene impactos en las familias y colectivos. Hay que pulirla. 

La información oficial que se ofrece en Jalisco sobre los desaparecidos va unida a los resultados: del total de registrados en la plataforma más de 60 por ciento no han sido localizados. Resultados que son pobres en la localización de personas desaparecidas por grupos delictivos que hacen todo para ocultar sus atrocidades. A los victimarios les conviene oscurecer información sobre las desapariciones; en contraparte, se esperaría que las autoridades de los tres niveles respondieran con información que las visibilice más e impida que destruyan sus murales y carteles, como sigue sucediendo. 

Twitter: @SergioRenedDios

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