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Y resolver Magistraturas
A creerle
Las diferentes violencias pueden imponer silencios. Las violencias pueden someter a una persona en lo individual, a familias, a grupos o a comunidades enteras. Pero la violencia criminal es la que llega a enmudecer hasta a las instituciones responsables de prevenirla y combatirla, como está sucediendo en pueblos y regiones de Jalisco y el resto del país.
El silenciamiento ha sido paulatino. De años. Entre más se extienden los grupos criminales y amplían su campo de violencia, más temor infunden y más asientan por la fuerza su presencia y control de territorios. Se advierte de manera notable en decenas de municipios jaliscienses, donde la autoridad legítimamente electa por sobrevivencia incluso consulta al poder criminal, paralelo, establecido mediante la violencia, la ilegalidad y la intimidación.
Como periodistas lo comprobamos cuando, por ejemplo, deseamos escuchar a los actores de los municipios acerca de lo que está sucediendo en los pueblos y las regiones, en especial sobre la seguridad pública. Cada vez son menos los que desean opinar sobre hechos de violencia. Las posibles entrevistas se vienen abajo. Hay un miedo visible, comprensible, ante las posibles consecuencias de hacer alguna declaración que ocasione malestar o enojo de alguna célula delictiva. Si antes el temor era hacia las reacciones de ira del cacique del pueblo, ahora es hacia los operadores de redes delictivas.
Aunque no es en todos los casos, pero alcaldes argumentan no tener tiempo, no están localizables, les surgen imprevistos, con tal de no informar u opinar acerca de sucesos violentos. Los regidores prefieren no declarar, conocedores de la situación que priva en los pueblos, de la presencia amenazante de grupos violentos. Incluso, algunos revelan que familiares o amigos han sido víctimas de algún asalto, extorsión, lesiones, muertes o desapariciones. Se autocensuran, conocedores de que las reacciones son imprevisibles, y que podrían estar en la mira. Esto es más notable en pueblos y municipios pequeños. Padecen otra realidad, diferente a la de funcionarios de grandes ciudades, resguardados en sus oficinas, vehículos blindados y con escoltas.
Los sacerdotes suelen ser fuentes confiables. Conocen lo que ocurre en los pueblos y las zonas, gracias a los servicios religiosos que ofrecen. Son un buen referente, sobre todo cuando sus vínculos sociales son amplios, reconocidos y aceptados por las comunidades. También ellos prefieren no hablar, aun cuando se les garantice no citarlos. Las bandas criminales no respetan a nadie. Las advertencias directas o indirectas silencian bocas.
Buscar la versión oficial de las comisarías de los municipios o de algunos elementos es de alto riesgo. Es posible que estén infiltradas las corporaciones. Si las organizaciones criminales operan a sus anchas es porque policías municipales no pueden contra estas, y aunque pudieran deciden convivir con disimulo o bien estar a su servicio. La posible información que pueda obtenerse de una fuerza de seguridad pública de gobiernos municipales débiles, la mayoría, siempre estará sesgada.
Personajes claves de los pueblos, como son líderes políticos, de comerciantes, empresarios, deportivos o de cualquier otra índole evitan también pronunciarse. Y el ciudadano promedio prefiere no meterse en posibles líos.
Los que sí se atreven a dar un punto de vista son familiares de víctimas, como sucede con los desaparecidos. Convencidos de que si no difunden lo ocurrido nadie hará nada. Ninguna autoridad se moverá o aparentará moverse si no se denuncia. Aunque hacerlo es exponerse.
Las violencias y sus perpetradores siguen callando las voces de los denunciantes. Los pueblos sufren, enmudecidos, hostigados, vigilados. Las mayorías silenciadas son una realidad en Jalisco y el resto del país. La paz no es posible sin una voz social fortalecida.
Twitter: @SergioRenedDios
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