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Esperando justicia
Están colados en todos lados
El plazo para que en Jalisco entre en vigor la reforma laboral que tiene, entre los principales cambios entregar la atribución de administrar justicia en esta materia al Poder Judicial, se llegó y, a pesar de que se trata de una ampliación sobre la fecha original, hay poca claridad de los avances.
De hecho, los últimos preparativos se dan al cuarto para las 12 con el argumento que lo único que se necesita es que el Centro de Conciliación esté listo, pues los asuntos que ya existen seguirán ventilándose en las Juntas que dependen de la Secretaría del Trabajo.
Jalisco forma parte del último bloque de 11 estados que siguen pendientes de implementar la reforma laboral, cuyo plazo se había fijado para el primero de mayo pasado. Sin embargo, los respectivos gobiernos locales no estuvieron listos, por lo que solicitaron que se les concediera más tiempo.
Así, el 20 de septiembre pasado el gobierno federal emitió el decreto que formalizó la tercera etapa de la reforma para comenzar el 3 de octubre con la impartición de justicia laboral desde los poderes judiciales de los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
Para comenzar con el funcionamiento del Centro de Conciliación y de los primeros juzgados laborales, el Comité de Evaluación responsable de la implementación de la reforma entregó al gobierno de Jalisco 97.1 millones de pesos.
El 21 de septiembre pasado, el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Gollaz informó que las 17 juntas especiales de Conciliación y Arbitraje dejarán de recibir demandas nuevas a partir del último día hábil de septiembre y ya únicamente se desahogarán los juicios que se recibieron hasta esa fecha. En esa ocasión también informó que hay alrededor de 120 mil juicios, de los que unos 50 mil se mantienen activos.
Las autoridades que recibirán las demandas laborales a partir del 3 de octubre funcionarán en lo que se ha denominado Ciudad Laboral, un polémico proyecto financiado por el Instituto de Pensiones del Estado que, se asegura, será rentable para el fondo de los trabajadores. Las autoridades del Ipejal sostienen que la empresa que construye el edificio lo entregará este 30 de septiembre.
Pero además del edificio se requiere mobiliario y servicios que lo hagan funcionar, tema en el que se afirma ya hay un avance de 40 por ciento.
Todo lo anterior es importante y permitirá sacudir al sistema de justicia laboral, especialmente ante las constantes denuncias de corrupción. Sin embargo, la clave estará en la integración de los nuevos órganos laborales y el perfil de quienes ocuparán los cargos, un proceso que se ha publicitado muy poco.
Aparentemente, el equipo de conciliadores que comenzará con los trabajos ya está listo, mientras que en el Poder Judicial de manera sigilosa una comisión especial terminó ya la etapa de evaluación de quienes ocuparán los tribunales laborales, pero todavía no se han dado a conocer los resultados, lo que tendría que suceder esta semana.
Las expectativas en torno al nuevo modelo de justicia laboral son importantes, sobre todo por la apuesta a la resolución de conflictos desde la conciliación, lo que permitiría abatir sobre todo las notificaciones falsas o las acciones dilatorias para incrementar los montos de pago, como principales prácticas de la corrupción. Sin embargo, que el cambio funcione dependerá de las personas que se designen y que, a pesar de que los procesos de selección fueron claramente discrecionales, al menos se haya cuidado el perfil de los nuevos funcionarios y se haya rescatado a quienes ya formaban parte de la justicia laboral y podrán aportar su experiencia.
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