México 2022: entre el desencanto y el abandono

En tanto las fuerzas políticas del país se enfrentan, una vez más, por la no menos importante reforma electoral, el 2022 se va y nos deja una sensación de orfandad y abandono en materia de seguridad, para no variar. Por más que lo intentamos, la incertidumbre que genera la violencia no nos deja existir como país y hace que el resto de las preocupaciones parezcan irrelevantes. Procurar el robustecimiento del sistema electoral frente a la realidad que enfrentan los habitantes de la tierra caliente de Michoacán y Guerrero puede resultar un absurdo.

México vive en una fragmentación inédita no solo como resultado de la polarización política que nos han impuesto el actual régimen y sus antagonistas, sino también por la crisis de seguridad que impacta y amenaza de forma diferenciada a las y los mexicanos. Sin duda este es el principal reproche que tendríamos que hacerle al actual gobierno federal y a la mayoría de los gobiernos estatales que han cedido, paulatinamente, espacios de control a los cárteles de la droga a cambio de ciertos márgenes de gobernabilidad temporal.

Los ataques y enfrentamientos armados siguen ocurriendo todos los días en diferentes localidades y comunidades de México. Para nadie es un secreto que el crimen organizado gobierna de facto en decenas o centenares de municipios mientras que, en algunas ciudades, sobre todo las que cuentan con mayores recursos económicos, el acoso de la delincuencia ha cedido un poco, en detrimento de las zonas más pobres de estados como Guerrero, Zacatecas y Chiapas.

Nuestro desencanto colectivo está más que justificado. Los miles de ejecutados que se exponen a diario a través de los medios digitales y tradicionales se convierten en una carga emocional que ha corroído no solo la credibilidad del Estado mexicano, sino también de nuestros propios vínculos con el país. En buena parte del territorio nacional el miedo y la incertidumbre han tomado un papel protagónico y las calles han dejado de ser un espacio consagrado a la convivencia y el intercambio comunitario, a cambio han asumido el papel de territorios y plazas del crimen.

Esta nueva delimitación geográfica no aparece en los discursos de ninguna autoridad gubernamental, pero sin duda determina nuestros hábitos y conductas. Mazamitla, uno de mis lugares favoritos para visitar con la familia, hoy se muestra como un escenario salido de alguna película del salvaje western norteamericano.

Las cifras sin nombre y sin rostro van y vienen, se siguen utilizando en los discursos oficiales para explicarnos que vamos por el rumbo correcto, para alentarnos mientras la realidad se empeña en demostrarnos que el crimen organizado sigue mandando en las calles, actuando con eficacia para lograr sus objetivos y robándonos la tranquilidad y la vida.

Nos duele aceptarlo, pero es evidente que en buen número de municipios del país no existe el Estado, los gobiernos locales no se encargan de la seguridad y en esas condiciones es un hecho que nadie podrá proteger a las y los ciudadanos si el crimen organizado ya ha decidido quiénes serán sus siguientes objetivos. Está más que claro que las instituciones, esas de las que hablan con tanta vehemencia nuestros gobernantes, no sirven para proteger la vida de las personas y, por tanto, tampoco pueden garantizarnos el cumplimiento del resto de nuestros derechos.

Muy bien que nos preocupemos por la cuidar la democracia procedimental que nos ha costado décadas construir, pero la asignatura pendiente sigue siendo otra, en tanto las policías municipales, las corporaciones y fiscalías estatales o la misma Guardia Nacional no puedan impedir que nos despojen de nuestras propiedades, que nos secuestren, que nos maten, que nos descuarticen o nos desaparezcan. El 2022 se va como vino, con una crisis enorme de feminicidios, con el cobro de piso como práctica generalizada y con la abierta cooptación de autoridades de todos los niveles por la delincuencia organizada.

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