La voz ciudadana contra el empecinamiento del poder

Pocas veces se han desarrollado expresiones sociales como la del domingo 26 de febrero, cuando en diferentes proporciones la sociedad civil se expresó de forma clara y contundente respecto a los intentos que se generan desde el poder para transformar una institución como el INE, convirtiéndola en extensión de operación del partido en el poder, eliminando la autonomía y el esquema de operación que este instituto ciudadano ha puesto en funciones desde 1996 para ofrecer profesionalismo y certidumbre en los procesos electorales.

Es de llamar la atención el hecho de que la manifestación se estableció con una finalidad específica, la defensa del Instituto Nacional Electoral, esto es, no en favor de partido alguno, sino del mantenimiento estructural de la dinámica generadora de certidumbre en los procesos electorales, a través de un órgano ciudadano que ofrezca certidumbre institucional y, con ello, eliminar el viejo lastre que se vivió durante otras épocas, también de corte autoritario, en nuestro país.

Los proyectos de reformas a leyes específicas emitidos por el Poder Ejecutivo federal, contienen, entre otras cosas, suprimir 85 por ciento de las plazas de profesionales en la realización de las elecciones. Al mismo tiempo se reduce la estructura territorial al eliminar 300 juntas distritales en todo el país. Se trata de las estructuras que ponen en funcionamiento todo el entramado electoral que implica la organización ciudadana para recibir, organizar, desarrollar y concluir el proceso electoral en todos sus componentes de operación sin la participación de órganos de gobierno o de partidos políticos. Ahí radica, en buena parte, la certidumbre que se ofrece para garantizar jornadas electorales objetivas y confiables.

El principal mensaje que se desprendió de la manifestación es uno en el que se exige la intervención decidida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es donde radicará una parte sustancial en este complejo proceso. Las iniciativas presidenciales ya pasaron por el procesamiento en el Congreso de la Unión, con mayorías del partido en el poder y fueron aprobadas. El gran punto consiste en las discrepancias de fondo con los propios preceptos constitucionales que definen las características de función y operación del INE, dejándolo como un órgano ciudadano autónomo, es decir, con autonomía de operación y autonomía de decisión.

Nuevamente, desde una perspectiva ciudadana, se exige la auténtica autonomía de los poderes, siendo el Judicial el poder en el que recaerá la responsabilidad de determinar la constitucionalidad de los proyectos de reforma de ley en cuanto éstas sean publicadas por el Ejecutivo.

El gran reto será saber si el peso de la construcción institucional que se ha forjado en los últimos tres decenios, logra superar la prueba de volver el control electoral a un partido en el poder. Por otra parte, además de la SCJN, el mensaje es para los partidos de oposición, en la medida en que hasta este momento no han logrado establecer, separada o conjuntamente, un esquema que permita vislumbrar escenarios que convenzan a los ciudadanos de tener una conducción acorde con los intereses ciudadanos, vistos en la pluralidad de opiniones en las que se compone la sociedad.

El gran reto que se plantea a mediano plazo es revisar la relevancia de la representación política en nuestro país, es decir, examinar el funcionamiento y operación de los partidos políticos para poder comprender, con mucha precisión, a qué responden y en qué están sustentados. El instituto electoral es solamente parte del análisis profundo al que, según parece, ni a gobierno ni a partidos les interesa mucho desarrollar, aunque sí se expresa un interés diferente de la sociedad civil.

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