La familia De la Cruz Aguilar

El sábado 4 de marzo corrió la noticia de que Santos de la Cruz Carrillo, su esposa Carlota Aguilar y sus dos hijos menores habían sido desaparecidos en el estado de Nayarit. De inmediato las alarmas se encendieron. Los mensajes en las llamadas redes sociales no pararon difundiendo la denuncia. Se generó mucha preocupación Y no es para menos porque en estos tiempos que el sistema se ha encargado de desgraciar, cuando sabemos que alguien fue desaparecida/o tememos no volver a verle. Afortunadamente no fue el caso.

Santos, abogado de profesión, desde su comunidad Uweeni Muyewe-Bancos de San Hipólito, durante los últimos años se ha destacado como representante legítimo y defensor del territorio y la cultura del pueblo originario wixárika al que pertenece. Su papel ha sido importante en las luchas político-jurídicas recientes, pero de larga data, de este pueblo en defensa, especialmente de sus sitios sagrados como Wirikuta, así como en la recuperación de las tierras que a lo largo de su historia les han despojado diversos sujetos capitalistas en los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango.

La desaparición o retención de la libertad y el terror vivido por la familia de la Cruz Aguilar para nada es un hecho aislado. No se debe pasar por alto que al nombrar a esta familia nos referimos a uno de los pueblos originarios que en México, según sus modos, ejerce su autonomía y, en convergencia con otros pueblos que también defienden sus territorios lo hacen desde una perspectiva política que difiere de las llamadas luchas ambientales o ecologistas típicas y, además, que el pueblo wixárika, como otros tantos en México, por años, por siglos, está poniendo el cuerpo contra el despojo y los procesos de acumulación de capital de antes y de hoy.

Así entonces no es una casualidad que este hecho represivo contra la familia de la Cruz Aguilar y por tanto contra el pueblo wixárika haya sucedido a poco del triunfo legal agrario y la sentencia del Tribunal Unitario Agrario del distrito 7 con sede en la ciudad de Durango para que, después de medio siglo de demandarlo, se les restituyeran casi 11 mil hectáreas de su territorio ancestral que les habían sido despojadas.

Como sabemos, en México, tratándose de demandas de los de abajo, en este caso de pueblos originarios, el tiempo de respuesta definitiva, no necesariamente positiva, puede dilatarse generaciones.

Esta despreocupación por los tiempos que históricamente ha hecho el sistema jurídico mexicano terminó por convertirse en una estrategia política contrainsurgente. Que cada seis años, con cada nuevo gobernante, se tenga que volver a empezar prácticamente de cero, es un mecanismo de desgaste y desarticulación social muy funcional para el sistema. Esta estrategia, sin embargo, ha sido puesta en problemas en tanto que la noción o concepción del tiempo de los pueblos originarios no es cronológica y muchos menos está en relación con el calendario del poder.

Celebramos que la familia De la Cruz Aguilar esté con bien y que ya se encuentre en su comunidad. Qué bueno que la fiscalía de Nayarit se aplicó, pero lo que no podemos celebrar es la terrible y denigrante foto que se difundió de Santos de la Cruz y con la que demuestra que no obstante lo que presumen, las instituciones policiales no han cambiado en nada respecto del trato digno que merecen las personas. Queda a deber también una explicación sobre las razones y los responsables de este otro hecho represivo contra el pueblo wixárika.

Qué maravilla de manifestación la del 8M.

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