Periodistas: una agresión cada 13 horas

La situación en México de los medios informativos, la libertad de expresión, el derecho a la información y las diversas modalidades del periodismo está ligada a la democracia, la justicia, la paz, la gobernanza, los derechos humanos y a los grupos sociales más vulnerables. Su papel es relevante como observadores, fedatarios sociales, analistas y también actores políticos de lo que sucede en el país, en parte por su cercanía o lejanía de los grupos de poder. De ahí la importancia de monitorearlos y evaluarlos. Una agrupación que lo hace es Artículo 19 y de su reciente informe Voces contra la Indiferencia 2022 retomo uno por su vigencia:

El año con más violencia hacia la prensa de los que tiene registro es 2022. Fue el más letal, junto a 2017. Sumaron 12 los periodistas asesinados posiblemente por su labor. En ese fatídico 2022 registró 696 atentados contra sus vidas, uno cada 13 horas, que afortunadamente no lograron consumarse. La cifra representa un incremento de 4.3 veces en el número de ataques registrados durante el cuarto año de gobierno de Felipe Calderón (2010) y de 1.6 veces respecto al de Enrique Peña Nieto (2016). Por eso, puntualiza, “decir en este contexto de miedo e inhibición que hay plena libertad de expresión es una mentira”.

En México se mata a periodistas, pero también se les amedrenta y se les calla de manera sistemática y recurrente mediante hostigamientos, estigmatizaciones, amenazas y uso ilegítimo del poder público, denuncia la agrupación.

La mayoría de las agresiones contra las y los periodistas las cometen autoridades públicas. De los 696 casos documentados, 296 (42.53 por ciento) fueron perpetrados directamente por actores del Estado, es decir, cuatro de cada 10. A la par, registró que en 50.57 por ciento de los casos, los asuntos que cubrían las víctimas versaban sobre corrupción y política. Y si se considera sólo a las víctimas fatales, dicha fuente se cubría en 66 por ciento de los casos.

Detalla el informe que el presidente de la República no ceja en su estrategia de anular al mensajero. Durante 2022, Artículo 19 monitoreó el uso y réplica de discursos emitidos en el espacio de la conferencia matutina, el cual mostró que en al menos 176 ocasiones se vertieron comentarios estigmatizantes dirigidos a medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. De estos 176 eventos, 44 configuraron ataques contra la prensa, en especial, 33 cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal. “Es lamentable que no hubiera un golpe de timón en el ánimo de descalificación justo en el año que más se mató a periodistas en el país”, advierte.

De forma paralela a la estrategia de ataque verbal, se opera el dinero público como una mordaza. En 2022, el Congreso de la Unión desacató la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de subsanar las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social y reglamentó de manera deficiente –otra vez– la publicidad oficial. Con ello se garantiza la hiperconcentración del gasto en comunicación social, lo que se tradujo en 2022 en que 10 empresas de comunicación recibieron 54.8 por ciento del total. Esto significa que el restante 45.2 se repartió entre 399 compañías de medios. ¿Con qué criterios? Hasta hoy persiste la regla tácita de la perversa relación medios-poder político: “No pago para que me peguen”, subraya Artículo 19.

En la introducción del informe advierte: ninguna bandera política nacional ni local ha logrado garantizar y respetar plenamente los derechos a saber y decir; al contrario, buscan minarlos mediante métodos abiertos o soterrados, burdos o sofisticados. Prácticamente todos los actores del espectro ideológico han gobernado a nivel federal y, salvo excepciones, en el estatal y municipal. Artículo 19 apunta que cabe preguntarse: ¿cuál es el verdadero compromiso de las élites partidistas y económicas con la democracia y sus valores? Considero que es mínimo, incluidas empresas informativas de las que son propietarios.

Twitter: @SergioRenedDios

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