¡Protejan la salud mental de menores y jóvenes!

En diversos países del mundo, entre ellos EUA y España, existe una gran preocupación de los gobiernos por la salud mental de las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes, ya que en dichos sectores han sido notables los incrementos de problemas como suicidios, adicciones, trastornos de ansiedad, depresión y violencia. En consecuencia se ha dispuesto incrementar los recursos económicos para los servicios públicos de salud mental y se está valorando el cómo ya incrementar el apoyo de psicólogas y psicólogos en las escuelas de educación básica.

Ante esta lamentable situación, en México lo más cómodo para algunas personas es llamar “generación de cristal” a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El argumento para hacerlo es que no resisten las adversidades de la vida cotidiana. 

Por el lado de la autoridad, los gobiernos federal y estatales y los legisladores federales y estatales expresan su “preocupación” con el impulso y aprobación de reformas huecas y retrogradas a las leyes, ya que no disponen incrementos significativos para los servicios públicos de salud mental; algunas como la Ley de Salud Mental y Educación Emocional de Jalisco incluso representan reducción de recursos.

Por si fuera poco, las asociaciones de psicólogos como la AMEPP y de psiquiatras como la APM ya han venido denunciando que el riesgo de suicidios se está elevando a causa del desabasto generalizado de medicamentos psiquiátricos (fármacos clasificados como esenciales por la Organización Mundial de la Salud porque justamente el paciente no puede vivir sin ellos) tanto en el sector público como en las farmacias privadas. Después de meses y meses, esta carencia no se resuelve.

Ya llevamos más de cuatro años de insistir en que los servicios públicos de salud mental deben ser suficientes, integrales, de calidad, incluyentes y éticamente congruentes. Se lo hemos planteado a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE, al extinto Insabi y al ISSFAM… y no hay respuesta.

Hoy, más que nunca, cada turno de cada escuela de educación básica debe contar con un equipo de salud mental para atenderles, pero también para dar atención a las y los profesores y a los padres de familia. También se lo hemos planteado a la SEP y tampoco hay respuesta.

¿Será tan difícil de entender esta crítica situación para los funcionarios y legisladores?

¿Será complicado que comprendan que les están dejando solos y comprometiendo irresponsablemente su futuro?

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