Ley de víctimas: una deuda pendiente 

La violencia se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas cotidianas. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 estima que durante el año pasado en 29.2 por ciento de los hogares en Jalisco hubo, al menos, una víctima de delito. Hemos quedado expuestos a un escenario de inseguridad, simulación de justicia, y la capacidad institucional para atender y reparar a las víctimas ha sido rebasada.

Si bien resulta difícil cuantificar los impactos y las necesidades de las víctimas de violencia, las condiciones para reconocerlas y hacer efectivos sus derechos, han sido insuficientes. Desde 2022, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha urgido a las autoridades mexicanas a reformar el funcionamiento del sistema de apoyo a las víctimas, invitando a revisar la Ley General de Víctimas, y diversificar y adaptar los criterios de asignación de los servicios.

En Jalisco desde 2014 fue aprobada la Ley de Atención a Víctimas, sin embargo, esta nunca se aterrizó a las condiciones del estado, y su implementación ha quedado sujeta a las voluntades políticas. Ante la complejidad de la crisis de violencia, se requiere su profunda revisión para generar un marco normativo actualizado y cubrir una deuda pendiente que, lamentablemente, aún dado el contexto no ha logrado materializarse.

En 2019, la iniciativa de ley de víctimas, junto con dos legislaciones de desaparición de personas fue presentada ante el Congreso local. Las leyes de desaparición fueron aprobadas en 2021, sin embargo, ni la pasada ni la actual legislatura han considerado como esencial el seguimiento de la ley pendiente, por lo que la misma fue desechada. Por ende, en abril de 2022 fue presentada otra iniciativa en la materia que hasta el momento sigue rezagada. Se ha compartido que una de las razones ha sido la dificultad de llegar a consensos, no obstante, la obligación de garantizar los derechos no es un asunto por negociar, y queda claro que a las y los diputados no les interesan las víctimas.

De acuerdo con el reporte Hallazgos 2022. Seguimiento y evaluación de la justicia en México, realizado por México Evalúa, la impunidad en Jalisco es de 99.5 por ciento, comprendiendo la justicia también a partir del derecho a la verdad y reparación integral, no solamente desde la perspectiva punitivista. Cabe señalar que, en comparación con los datos de 2021, el indicador aumentó 4.1 por ciento, y Jalisco junto con Colima representan la segunda entidad a nivel nacional con mayor impunidad.

Es importante recordar que la reparación integral implica diversas medidas, que consideran tanto la compensación como restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, ya que por años las políticas de atención y reparación se han enfocado excesivamente en el aspecto económico, sin atender otras necesidades. Aun así, los montos han sido limitados, comparando la cantidad de víctimas y la magnitud del daño. De acuerdo con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco (CEEAVJ) de 2019 a agosto de 2023 se han otorgado solamente 64 compensaciones económicas que corresponden a 217 víctimas directas e indirectas, con un monto total de más de 32 millones 385 mil pesos.

En contraste, el presupuesto destinado al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la CEEAVJ cada año oscila entre 26 y 27 millones. Debido a que no es un fideicomiso, los recursos no ejercidos no se acumulan y tienen que regresarse. Desde hace tiempo, el grave subejercicio ha evidenciado la urgencia de buscar otro modelo de operación del fondo para que las víctimas puedan acceder a los apoyos sin restricciones, y que sus necesidades reales puedan estar cubiertas.

Este aspecto, entre otros más, requiere ser analizado a través de un proceso participativo de construcción de una nueva ley de víctimas que abone a revertir las limitaciones institucionales y operativizar la labor de la CEEAVJ, brindando servicios de calidad e integralidad y traduciéndose en garantías de los derechos. Todavía, la actual Legislatura tiene la oportunidad de actuar frente a la desbordada violencia que viven las víctimas y la sociedad jalisciense. Ojalá en su recta final no busque más excusas para su pasividad, y no vuelva a dar la espalda a quienes debe representar.

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