Proponen pensión para familiares de desaparecidos

En Jalisco, las familias de servidores públicos desaparecidos enfrentan no solo el dolor de la ausencia, sino también el abandono institucional cuando intentan acceder a derechos como la pensión por viudez u orfandad. Frente a esta omisión legal, Leonardo Almaguer del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

La propuesta busca reconocer la declaración especial de ausencia como documento válido para que familiares de trabajadores del Estado desaparecidos puedan acceder a pensiones. Actualmente, el Ipejal exige un acta de defunción, documento imposible de obtener cuando no se ha localizado el cuerpo de la persona desaparecida.

“Cuando un trabajador muere, su familia accede a una pensión. Pero si desaparece, la ley lo deja en el limbo jurídico”, señaló Almaguer durante la rueda de prensa. Añadió que esta iniciativa busca salvaguardar los derechos sociales de las familias, en un contexto donde las desapariciones en Jalisco no han disminuido.

El abogado Antonio Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza y defensor del caso de Erika Hernández Moreno, viuda de un custodio desaparecido en 2022, subrayó la urgencia de la reforma. Narró que Erika agotó todos los trámites legales, incluidos los juicios de declaración especial de ausencia y presunción de muerte, sin que esto fuera suficiente para que pensiones le reconociera su derecho.

“El Ipejal se niega a otorgar pensiones si no hay un acta de defunción literal. Aunque ya hubo una resolución judicial que ampara a Erika, no podemos depender de que cada familia interponga un juicio de amparo. La ley debe cambiar”, explicó Flores.

Por su parte, Erika Hernández relató lo vivido desde la desaparición de su esposo, Carlos Guetta, el 5 de mayo de 2022. “Además del dolor de perder a mi esposo, han sido tres años sin respuesta, dos años para tramitar la ausencia y todavía me piden un acta de defunción” lamentó.

La iniciativa permitiría que, tras obtener una declaración especial de ausencia, proceso que puede tramitarse 30 días después de la desaparición y resolverse en un plazo máximo de seis meses, los familiares puedan acceder a la pensión correspondiente según lo establecido por ley, sin modificar los porcentajes ya contemplados.

Con más de 15 mil personas desaparecidas en Jalisco, esta reforma representa un paso necesario para atender el impacto económico que la desaparición forzada tiene sobre las familias, en especial aquellas que dependen del ingreso de un trabajador del Estado.

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