Quinto Patio

Precedido de observaciones críticas, propuestas puntuales y el espíritu de que Jalisco continuara a la vanguardia en cuanto a la legislación en materia de derecho a la información, finalmente fue aprobado el dictamen que reforma la Constitución local para armonizarlo con la ley federal. Los diputados locales avalaron por mayoría el dictamen que desaparece al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado y transfiere sus funciones a la Contraloría estatal, la nueva garante del referido derecho. El Ejecutivo estatal, como ocurre en el federal, obligadamente será juez y parte del derecho a la información, con todo lo que esto significa.

Si bien las leyes federales aprobadas el año pasado resultó en un golpe al derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, especialistas consideraron que podían aprovecharse algunos, aunque reducidos, espacios para que Jalisco pusiera su, vamos a decirlo así, “toque”. Pero no sucedió, de acuerdo con una lectura preliminar de lo aprobado. Fue más un deseo que no fructificó al, simplemente, calcar lo federal a lo local. Pero la historia no ha concluido: veremos si en las leyes secundarias los legisladores aprueban cambios, por ejemplo, que incluyan la participación ciudadana y de expertos. Por lo pronto hay una propuesta del gobernador Pablo Lemus.

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El tema de la “búsqueda integral y coordinada de personas desaparecidas” es uno los tres especiales, destacados en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030. Los otros dos son “mujeres libres de violencia” y el río Santiago. Sin embargo, en el caso de las desapariciones, el abordaje que hace el plan de la crisis no alcanza a comprender su gravedad, ni su complejidad, advierte el Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, de la UdeG. El plan parte del síntoma (la no localización de las personas) pero omite el problema de fondo: la desaparición como delito y como práctica sistemática.

Es decir, como puntualiza el comité, el plan se enfoca en la respuesta institucional posterior (la búsqueda, la coordinación y la integración de carpetas), pero, mucho ojo, “no asume como prioridad evitar que las desapariciones ocurran”; esto es, “se administra el daño, pero no se enfrenta la causa”. Modificar el enfoque será necesario. No se trata de solamente localizar a los desaparecidos, sino impedir que haya desapariciones. Ese es el quid.

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Los jóvenes enfrentan numerosos riesgos que demandan su educación y garantizar su protección. Y es que, revisemos, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco actualizó el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, del que podemos deducir que diario hay entre uno y dos reportes, en promedio, por desaparición de jóvenes de 15 a 19 años; de los que apenas la mitad son localizados.

Además de que aumenta el número de desaparecidos en esos rangos de edad, cuando el dato se “humaniza”, cuando se concreta en la historia de un joven, es claro que urge arroparlos en muchos sentidos. Lo decimos porque, por ejemplo, un alumno de la Escuela Politécnica de la UdeG, desaparecido el 27 de marzo pasado, podría haber sido reclutado por el crimen organizado, como informó el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos. Esas historias no debieran repetirse.

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