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Sin reglas
Lo que ocupa a Senadores
Desde 2020 más del 30 por ciento del humedal El Ahogado, ubicado en la subcuenca del río Santiago, entre El Salto y Tlajomulco, ha sido invadido por fraccionamientos y desarrollos industriales. Lo alarmante es que esta zona está legalmente reconocida como un cuerpo de agua federal, lo que significa que ninguna autoridad estatal o municipal tiene competencia para modificar su uso de suelo.
De acuerdo con integrantes del colectivo Un Salto de Vida, las invasiones comenzaron a documentarse en 2020. Desde entonces se han acumulado más de 330 hectáreas ocupadas ilegalmente, equivalentes al 35 por ciento del humedal, por construcciones habitacionales irregulares, templos religiosos improvisados y naves industriales, algunas de ellas promovidas por ejidatarios de El Zapote y El Verde.
Alan Carmona, integrante del colectivo Un Salto de Vida, explicó que la dinámica en el humedal sigue un patrón: primero se rellena el terreno con escombro, luego se fracciona y después se pone en venta, todo esto sin permisos y en una zona de propiedad federal.
A pesar de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoció en 2017 que el humedal cuenta con 847 hectáreas bajo régimen de dominio público y más de 2 mil 500 hectáreas de zona federal asociada, las invasiones continúan. Las autoridades locales, en lugar de detener las obras, han omitido su deber de vigilancia o incluso avalado los proyectos, como ocurrió durante la administración municipal pasada en El Salto.
Las denuncias apuntan a que los rellenos se hacen con escombro, sin autorización y que se pretende usar los terrenos para viviendas, comercios, iglesias y hasta industrias. La justificación ha sido, en algunos casos, una supuesta dotación ejidal irregular de décadas pasadas, pero ninguna de estas justifica legalmente la urbanización en una zona de propiedad federal.
Además, se ha detectado que el relleno y fraccionamiento se concentra en los márgenes del Periférico Oriente y zonas colindantes con el aeropuerto, donde las condiciones del terreno hacen que los escurrimientos naturales sean esenciales para evitar inundaciones en las localidades cercanas.
El impacto no solo es ecológico: hay riesgos reales de inundación, contaminación y conflictos legales para quienes compren esos terrenos. De hecho, el colectivo advirtió a la población que no adquiera terrenos en esa zona, pues está dentro de un cuerpo de agua protegido.
Aunado a las distintas presiones que aquejan al sitio, este año se registró un incendio que duró días y causó una emergencia ambiental.
jl/I