Reservan por 8 años investigación de A Toda Máquina

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) reservó por ocho años, ocho meses y tres días la carpeta de investigación que abrió sobre el arrendamiento de maquinaria pesada hecho en la pasada administración estatal para el programa A Toda Máquina. Esta determinación se dio a pesar de que la ley de transparencia señala como excepción de reserva las carpetas de investigación sobre casos de corrupción. 

El argumento del Comité de Transparencia de la FECC fue que la reserva no viola el derecho a la información y que el asunto trata de “la protección de los intereses nacionales, como lo es la seguridad pública, así como el respeto a la privacidad y otros derechos a favor de los gobernados”. 

El académico Álvaro Quintero solicitó a la fiscalía anticorrupción la copia electrónica de la versión pública de la carpeta de investigación 275/2019, en la que la FECC determinó el 29 de enero de 2020 no ejercer acción penal al considerar que no se cometió delito alguno, pero la respuesta fue la reserva de la misma. 

La clasificación como información reservada se acordó en la sesión del 2 de julio pasado del Comité de Transparencia de la fiscalía, el cual está conformado por el titular de la dependencia, Gerardo de la Cruz Tovar, así como por Margarita Ramírez Esparza, coordinadora de la Unidad de Transparencia de la fiscalía, y Norma Araceli Espinosa Limón, directora de Planeación, Administración y Finanzas. 

Los funcionarios decidieron que, según el artículo 17, punto 1, fracción décima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se considera reservada la información que por “disposición legal expresa” así sea clasificada. Esto, a pesar que la fracción segunda del mismo artículo señala que son reservadas las carpetas de investigación “excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables”. 

Según el Comité de Transparencia, en este caso no aplicó la excepción porque la misma Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción resolvió que no había un delito que perseguir. 

Para determinar cuál es la “disposición legal” que determina que se trata de información reservada hacen referencia al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica que los actos de investigación “son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos” y, en los casos en que se decida que no se ejerce acción penal, que es este, se podrá entregar una versión pública “siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos que se trate”. 

Los delitos que fueron investigados, se agrega, son los previstos del artículo 144 al 154 del Código Penal del Estado, que son los que se refieren a hechos de corrupción. 

Con estos argumentos, el Comité de Transparencia determinó que “no es procedente proporcionar copia del expediente pretendido, aún en versión pública, ya que no ha transcurrido la temporalidad que señala el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales”. 

En el informe específico, remitido al comité el primero de julio, un día antes de la sesión, se precisa que “la carpeta de investigación fue iniciada por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, lo cual implica que, al día de la recepción de su requerimiento, no ha transcurrido dicha temporalidad para efectos del acceso a la información pública, el cual equivale a ocho años, ocho meses y tres días, cálculo efectuado de conformidad con lo establecido en el Código Penal” estatal. 

El gobierno anterior, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, contrató a la empresa Operadora de Servicios Mega para el arrendamiento de maquinaria pesada del programa A Toda Máquina y le pagó más de 3 mil 634 millones de pesos (mdp) en todo el sexenio. Según la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y la Contraloría estatal, la licitación tuvo irregularidades, pero nunca se sancionó a los funcionarios señalados como responsables. 

DATO: 

3 mil 634 millones de pesos y poco más se le pagaron a Operadora de Servicios Mega por el arrendamiento de maquinaria pesada del programa A Toda Máquina.

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