Empresarios  denuncian por grúas “pirata”

Representantes de empresas de grúas formalizaron ayer una denuncia ante la Contraloría del Estado por el uso de grúas “pirata” para retirar vehículos de la circulación, las cuales son utilizadas, aseguraron, por la Secretaría de Transporte (Setran).

A través de un comunicado dirigido a María Teresa Brito Serrano, titular de la Contraloría estatal, señalan que la Setran “ha sido el centro de una red de corrupción que ha generado toda clase de abusos hacia la sociedad jalisciense”, y propiciado “descrédito” hacia quienes prestan el servicio de manera legal.

Acusan que a pesar de que la ley y las normas vigentes en el estado especifican los requisitos que deben cumplir las grúas que prestan servicios de arrastre y salvamento, “la autoridad de transporte ha sido permisiva en que operen grúas en la clandestinidad, incluso han intentado legalizar la operación de grúas que no cumplen con esa norma”.

Además, recuerdan la promesa de que se instalaría una cabina única para asignar los turnos de las grúas, pero “el secretario de Transporte ha incitado que los agentes viales asignen discrecionalmente los servicios a grúas piratas y también a aquellas que operan con aparente ilegalidad”.

En el comunicado, firmado por representantes de la Asociación Jalisciense de Grúas (Agrujal), Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (Agrúas), se añade que “es momento de que la Contraloría del Estado tome cartas en el asunto e inicie una investigación seria, objetiva y profesional sobre el caso, para que determine las responsabilidades”.

También se asegura que los hechos denunciados “pueden constituir faltas administrativas graves y no graves, que pueden llevar a la destitución e inhabilitación administrativa de funcionarios de la Secretaría de Transporte, incluyendo al secretario Diego Monraz”.

Se puntualiza además que las autoridades asignan los servicios a grúas de operación irregular y que han intentado regularizar a vehículos que no cumplen con las condiciones técnicas que exige la ley, “lo que nosotros interpretamos no solo como una dinámica corrupta, sino como un premio a la ilegalidad”. Hay, según los denunciantes, alrededor de 150 permisos otorgados de esta manera. 

Finalmente, los gruyeros indican en el comunicado que lo expuesto pone en riesgo el patrimonio de los ciudadanos, ya que “las tarifas que imponen las grúas piratas a los propietarios de los vehículos son desproporcionadas y no están sujetas a ningún tipo de control oficial”. A lo anterior se suma que los vehículos “operan en zonas donde no está permitido el levantamiento de vehículos y, en muchos casos, se llevan los automóviles sin una justificación válida”.

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