Urge una ley nacional contra desapariciones

Llamado. En necesario escuchar la voz de la sociedad civil, enfatizan organizaciones.

El incremento en el número de desapariciones en México coincide con la llamada guerra contra el narco. Jalisco no es la excepción, ya que algunos casos se han registrado en municipios donde hay operativos especiales de seguridad, como Autlán de Navarro, Cihuatlán y Puerto Vallarta.

Según la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej), en el estado se han reportado unas 3 mil 300 desapariciones y, aunque en algunos casos se ha probado la intervención de policías, no se ha abierto ninguna averiguación previa por desaparición forzada.

Enrique García Ramírez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que la desaparición de personas en Jalisco “no es un caso aislado”. Tampoco se trata de una situación que esté focalizada en algunas entidades del país, sino, más bien, es un problema “nacional y generalizado”.

Añadió que esta situación la advierten mecanismos internacionales, como el alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que han afirmado que México se enfrenta a una “grave crisis de derechos humanos”.

Urge ley nacional

Organismos de la sociedad civil, como Amnistía Internacional (AI), se han pronunciado por que se apruebe una ley nacional contra las desapariciones, al tomar en cuenta la voz de los ciudadanos.

El 19 de noviembre, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México –integrado por más de 35 organizaciones de familiares de personas desaparecidas– exigió al Poder Ejecutivo presentar su iniciativa de ley general de desaparición forzada y desaparición por particulares. El 10 julio de 2015 se publicó el decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional para que los diputados legislen en esta materia. El 6 de enero de 2016 vence el plazo.

A través de consultas ciudadanas, este movimiento redactó la propuesta Elementos esenciales para la elaboración de la ley general sobre personas desaparecidas en México, que entregaron al Senado.

Entre sus solicitudes está la actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED).

“Ésta es una necesidad, implementar y mantener un registro nacional para abatir o solucionar el problema de una disparidad en el registro de personas desaparecidas en los distintos estados y a nivel local”, explicó Enrique García.

Temen ley sin escuchar

Ante el retraso de las cámaras de Diputados y Senadores para promulgar la ley general de desaparición forzada, organismos civiles como Comité Cerezo, a través de un comunicado, señalaron que dicho atraso “parece indicar que el gobierno mexicano intenta presentar una ley a modo, en el último minuto, para que ésta sea aprobada sin tomar en cuenta la iniciativa de ley propuesta por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, y sin que las familias de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y populares puedan plasmar sus exigencias en la ley del Ejecutivo”.

“A principios de enero de 2016 debe ya estar aprobada. Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada sólo hemos presenciado en estos cuatro meses una simulación de consulta por parte del gobierno federal y, sobre todo, la falta de voluntad política para que cesen las desapariciones forzadas en el país”, informó el Comité Cerezo, una de las organizaciones civiles que conforman el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Militarización y desapariciones

En 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón involucró a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico directamente en las calles del país, aumentaron los homicidios, las extorsiones y los secuestros, de acuerdo con los datos recabados por la fiscalía local y las quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

Además, se comenzó a hacer más común el uso de la palabra levantón para referirse al secuestro y la desaparición de una persona, similar al delito de desaparición forzada cometida por policías y el Ejército.

También se documentaron casos donde los elementos de la fuerza pública participaron en la detención y entrega de personas al crimen organizado.

“Sostenemos que a partir de esta participación del Ejército y de la Marina en funciones policiacas, como corporaciones que no tienen la naturaleza y que no están preparadas para realizar tales funciones, ha habido un incremento en las desapariciones forzadas en el país”, explicó el defensor Enrique García Ramírez.

En 2009, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez publicó el libro ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón. Uno de los puntos que advirtió este organismo es que no existen “garantías de no repetición”, a pesar de que son casos documentados de violaciones de derechos humanos por parte del Ejército. Sin castigo ni investigación, esto “permite que subsista la impunidad”, señala.

3 mil 300 desaparecidos tiene registrados Fundej en el estado

“Es una necesidad implementar y mantener un registro nacional para abatir o solucionar el problema de una disparidad en el registro de personas desaparecidas en los distintos estados y a nivel local”,
Enrique García Ramírez, abogado de Centro Prodh

“Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada sólo hemos presenciado en estos cuatro meses una simulación de consulta por parte del gobierno federal y, sobre todo, la falta de voluntad política”,
Comité Cerezo

EH/I