La marcha de ayer para exigir agua de calidad en Guadalajara puso sobre la mesa un problema que no admite indiferencia. Familias enteras, niñas, niños y jóvenes salieron a las calles para reclamar algo tan básico como tener agua segura en sus casas. Verlos ahí, acompañando una exigencia que afecta su vida cotidiana, es también una razón para creer en el valor de la participación ciudadana.
Pero la jornada tuvo otro rostro. A la movilización se sumaron grupos identificados como Bloque Negro, que se dispersaron entre los contingentes y dieron paso a momentos de confrontación. El choque terminó por desviar parte de la atención de aquello que había convocado a miles de personas: la exigencia de agua limpia.
Lo ocurrido obliga a reflexionar sobre lo que pasa cuando una demanda ciudadana legítima entra en el terreno de la disputa política, particularmente cuando comienza a perfilarse la elección de 2027.
La movilización nació de una preocupación real. Eso no impide que, alrededor de ella, haya actores interesados en aprovechar el descontento, ganar presencia pública o encontrar una oportunidad para posicionarse frente al gobierno. Una cosa no excluye a la otra. Y reconocerlo no significa cuestionar a quienes salieron a la calle, sino entender el contexto en el que hoy se discuten los problemas públicos.
El riesgo es que terminemos hablando más de quién gana políticamente con la crisis que de cómo vamos a resolverla.
El gobernador Pablo Lemus tiene la responsabilidad de atender el problema y dar resultados. Es parte de la tarea de gobernar y así debe exigírsele. Sin embargo, también es necesario recordar que el deterioro de los sistemas de abastecimiento no comenzó con esta administración. Durante años se han acumulado necesidades de mantenimiento, infraestructura obsoleta y decisiones que no siempre tuvieron continuidad entre un gobierno y otro.
Las tuberías no se renuevan al ritmo de los cambios políticos. Tampoco se resuelve de un día para otro el deterioro de las fuentes de abastecimiento.
Basta mirar hacia el lago de Chapala y la cuenca del río Lerma para entender que el problema va más allá de la distribución del agua en la ciudad. La contaminación, las descargas y la necesidad de saneamiento involucran a distintas autoridades y requieren coordinación entre los gobiernos municipales, estatal y federal. No es un asunto que pueda resolverse desde una sola oficina ni atribuirse a una sola administración.
Por eso, además de exigir soluciones inmediatas, hace falta revisar qué se hizo durante todos estos años, qué obras quedaron pendientes y qué inversiones son necesarias para garantizar agua de calidad a largo plazo.
Las medidas que hoy plantea el gobierno de Jalisco tendrán que demostrar su eficacia. Lo importante es que se traduzcan en mejoras comprobables. La ciudadanía necesita tener confianza en el agua que llega a su casa.
En este escenario, la marcha también representa una oportunidad política. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, sería ingenuo pensar que una movilización de esta magnitud pasará inadvertida para quienes buscan construir posiciones o debilitar a sus adversarios. Eso no vuelve menos legítima la protesta, pero sí obliga a distinguir entre la causa que convoca a los ciudadanos y los intereses que pueden sumarse después.
La exigencia de agua limpia debe mantenerse por encima de estas disputas. Si la inconformidad sirve para acelerar obras, revisar decisiones y comprometer a todas las autoridades involucradas, habrá cumplido una función importante. Si termina convertida en una bandera electoral, corremos el riesgo de que el ruido político ocupe el lugar de las soluciones.
Porque el problema seguirá ahí después de la marcha, de los discursos y de las campañas.
Y cuando llegue ese momento, lo que realmente importará no será quién capitalizó el descontento, sino si los gobiernos estuvieron a la altura de su responsabilidad y si las familias pueden abrir la llave con la tranquilidad que hoy reclaman.
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