El agua, lo sabemos, es fuente indispensable de todo tipo de vida, particularmente de la humana. Si el agua no es utilizable para satisfacer las necesidades humanas, la especie está en riesgo. Por ello, el vital líquido es considerado como un bien público por excelencia y un derecho humano básico. Si no existe la disponibilidad necesaria de este bien o si su calidad es tan mala, que en vez de satisfacer las necesidades humanas provoca deterioros, inclusive graves, en la salud, entonces estamos refiriéndonos a una crisis de enormes dimensiones.
En este aspecto, una tarea esencial de los poderes públicos es la de hacer efectivos los derechos mediante el aprovisionamiento de los recursos para que puedan ejercerse. Supone la contraparte obligada para que el derecho realmente exista. Evidentemente, el Estado puede recurrir a alianzas y acuerdos con diversos actores sociales y agentes económicos para procurar el ejercicio del derecho. El problema es cuando estas alianzas y acuerdos se pueden convertir en un mero acuerdo contractual en donde el derecho, siendo bien público, se convierte en un bien privado sujeto a “las leyes del mercado”. En ese momento, el Estado simplemente concesiona a un privado la procuración del bien, si esto no es rentable el Estado subsidia la rentabilidad privada, puede utilizar las transferencias federales para rentabilizar al agente privado, luego el Estado entra en mayores dificultades financieras y políticamente puede recurrir a culpabilizar al gobierno federal por no transferirle suficientes recursos.
La crisis de la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara da lugar a múltiples preguntas: ¿Cuál es el tamaño real de la problemática en términos de la calidad del agua?, ¿cómo es posible que llegáramos a este punto?, ¿cuál es la población afectada y cuál (sobre todo empresas) puede contar con grandes concesiones de agua de buena calidad?, ¿quiénes controlan la disponibilidad, calidad y suministro de agua (más allá del CEA o del SIAPA), ¿quiénes ganan con la especulación del agua?, ¿qué alternativas ofrecen los responsables más allá de sugerir que nos bañemos con agua de garrafón, que haya algunos regalos de agua o que le concesionemos el aprovisionamiento a negocios privados?
La función económica de los poderes públicos es distinta a la de los intereses privados. El confundir ambos, suponiendo de administrar los recursos públicos y sus responsabilidades, parte de las mismas lógicas que la dirección de una empresa privada, es no tener idea de lo que significa la responsabilidad pública. El resultado es lamentable cuando tenemos grandes problemas de abastecimiento en épocas de estiaje y grandes inundaciones en épocas de lluvias, cuando nos anunciamos como ciudades de niñas y niños en donde esas niñas y niños ni siquiera tienen la posibilidad de bañarse o lavarse los dientes y manos con agua limpia, o comer en platos y vasos lavados con agua limpia. La respuesta podría ser como lo señalaba Frangie con respecto a la vivienda, “es que lo bueno sale caro”, pero eso simplemente conduce a la imposibilidad de que socialmente podamos contar con una vida sana y digna.
Evidentemente lo anterior lleva a reacciones de indignación que pueden conducir a la rabia. Entonces, al ejercerse el derecho a la protesta, ésta es atendida por antimotines y sí aparece el agua, a través la represión a chorros. ¿Tenemos que esperar que el agua de buena calidad y accesible es la que nos llegue por los huracanes?
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