Judicial: ¿dan pelea o claudican?

Al parecer los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen mucha prisa por que la mitad más uno de los 125 municipios apruebe las reformas constitucionales del Poder Judicial, pues les enviaron a los presidentes municipales no sólo el dictamen, sino la papelería ya elaborada de que están de acuerdo con dichos cambios, únicamente para que la firmen ya después de someterla al pleno del ayuntamiento.

Por supuesto que ningún gobierno municipal se opondrá, trátese de quien se trate el partido que gobierna. Así de urgentes andan en Casa Jalisco para promulgar las reformas constitucionales, aunque saben que el Poder Judicial sin duda recurrirá a la controversia constitucional o, cuando menos, los magistrados y jueces recurrirán al amparo para contrarrestar lo que consideran una intentona del alfarismo por tener el control de este poder.

Pero sabedores de que el Poder Judicial recurrirá a la controversia, trascendió que desde el gobierno del estado se le hizo una petición al presidente magistrado Ricardo Suro Esteves: no incluir en la controversia al Tribunal de Justicia Administrativa, pues ello le afectaría al Ejecutivo y a los ayuntamientos en los procesos que se tramitan ahí y buscan que nada los frene por así convenir a sus intereses.

Quieren fuera de la controversia al Tribunal de Justicia Administrativa. Así de sencillo.

La pregunta que se mantiene en los corrillos del Poder Judicial es si Suro Esteves acatará la petición del Ejecutivo para satisfacer sus intereses o será preciso y en el texto de la controversia referirá puntualmente cuáles son los artículos de toda la reforma a los que se oponen los magistrados del TJA, como serían las pruebas de control y confianza y la desaparición del haber de retiro, entre otros.

Hoy jueves sesionará el pleno del Supremo Tribunal de Justicia y por supuesto que el tema central de la agenda será la postura que asumirá frente a las reformas aprobadas por el Congreso del Estado. La apuesta es a que aprobarán irse a la controversia, pero como lo referí en una entrega anterior, seguramente en lo individual los magistrados recurrirán al amparo para no estar supeditados a la voluntad del presidente del Poder Judicial, llámese Ricardo Suro o quien lo suceda en el cargo, toda vez que se estima que el proceso de la controversia podría llevarse hasta tres años y ya para entonces estaría en funciones otro presidente. Reitero que los magistrados no quieren correr el riesgo de que por acuerdos políticos su presidente decida desistirse de la controversia y dejarlos en el limbo o a merced de las reformas con las que no están de acuerdo.

Sin duda que la atención hoy jueves estará en la sesión del pleno del Supremo Tribunal de Justicia donde también se ha cuestionado la decisión de los diputados de dejar fuera del proceso de elección o selección de magistrados al Consejo de la Judicatura y se deja abierta la interrogante de quién será el responsable de hacer la tarea que actualmente lleva a cabo como la revisión o verificación del cumplimiento de los requisitos con un matiz jurídico, toda vez que la reforma propone la intervención de la Comisión de Participación Social cuya tarea es únicamente evaluar el rubro de productividad, ya que ninguno de sus integrantes tiene el perfil jurídico necesario para emitir un juicio certero o hacerlo con la autoridad necesaria en materia jurídica para emitir una opinión. Y en el caso de la intervención de las universidades, éstas sólo se remitirán a la elaboración y calificación de las evaluaciones, pero no a la revisión de los requisitos.

Así, pues, el Ejecutivo y el Legislativo tienen prisa por que los ayuntamientos aprueben las reformas que, reitero, no son garantía de que las vacantes de magistrados y jueces no serán cubiertas con las cuotas partidistas.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I