La incomodidad del delegado

El delegado de programas federales en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, se ha convertido en un colaborador incómodo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero, por los conflictos que le provocó con el gobierno de Jalisco y actualmente por la investigación que tuvo que abrirse para determinar si incurrió en conflicto de interés con sus empresas.

López Obrador había sido paciente y había preferido ignorar el tema. Sin embargo, a raíz de la investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), confirmó que desde mayo pasado la Secretaría de la Función Pública lleva a cabo una revisión y que los resultados se darán a conocer en los próximos días.

Por su parte, Lomelí Bolaños optó primero por el silencio y luego salió con una escueta carta, en la que deja claro su enojo y hasta amenaza con usar “herramientas legales” para defenderse.

La investigación de las periodistas Laura Sánchez y Valeria Durán, respaldada con documentos oficiales, muestra una red de nueve empresas relacionadas con la venta de medicamentos e insumos para la salud en las que aparecen Carlos Lomelí, sus familiares y algunos de sus colaboradores cercanos. Con estas empresas se obtuvieron contratos en adjudicación directa por más de 164 millones de pesos, ya en la actual administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Carlos Lomelí sólo reconoce a cuatro de estas empresas como suyas; sin embargo, aun concediéndole que no recibe beneficios económicos de las cinco restantes, de cualquier manera habría conflicto de intereses, pues quienes sí aparecen en las mismas forman parte de su familia o de su equipo de trabajo.

Todo esto está respaldado en los documentos que las reporteras obtuvieron tanto en el Registro Público del Comercio de Jalisco, como en otras peticiones de información. En las actas se pueden encontrar coincidencias entre los socios de las empresas, así como el mismo domicilio.

La creación de empresas con giros similares para participar en licitaciones y tener más posibilidades de obtener contratos o incluso para competir entre ellas y facilitar la adjudicación es muy común en México entre los proveedores de gobierno. Los hallazgos en los documentos de estas nueve empresas parecen cuadrar con estas prácticas.

Después que se publicó el primer reportaje, Carlos Lomelí dijo que no iba participar en ninguna compra de medicamentos del actual gobierno. En una entrevista para una estación de radio nacional, aseguró que no dilapidaría la confianza que le tiene el presidente López Obrador.

A pesar de lo anterior, en un nuevo trabajo publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se documentó que el representante de una de las empresas que Carlos Lomelí sí reconoce como suyas asistió a una reunión de información sobre la licitación que lanzaría el gobierno federal para la compra consolidada de medicamentos para todo el país. En el acta de la sesión, la empresa del delegado de Jalisco aparece en la lista de quienes manifestaron su interés de participar; además, el representante de la empresa declaró que podrían buscar la venta de algunos medicamentos genéricos.

Como respuesta, Carlos Lomelí rechazó que su empresa hubiera participado formalmente en alguno de los pasos de la licitación y aseguró que sólo acudieron a una convocatoria abierta a todas las empresas y laboratorios dedicados a la venta de medicamentos.

La autodefensa del delegado ha sido débil y aunque López Obrador no ha manifestado una opinión clara al respecto, es evidente que el tema le incomoda. Al margen de lo que resuelva la Secretaría de la Función Pública, el delegado tendrá que elegir entre sus negocios o continuar en el proyecto del gobierno federal.

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JJ/I