La protesta y un mejor futuro

El 5 de junio de 2020 decenas de jóvenes se dirigían a las instalaciones de la Fiscalía del Estado, en la Zona Industrial, para participar en una protesta. La movilización formaba parte de las acciones contra el asesinato de Giovanni López, quien había sido detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por no utilizar un cubrebocas.

Ese día, en las inmediaciones de la Fiscalía, elementos de esta dependencia detuvieron con violencia a unos 80 jóvenes. La mayoría de ellos se dirigían a la manifestación, aunque también varios eran ajenos a lo que ocurría y simplemente pasaban por la zona o estaban en algunos de los camiones de transporte público revisados por los policías.

Los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía, donde se les despojó de sus pertenencias, especialmente sus teléfonos celulares. Ante la presión ciudadana, en particular a través de las redes sociales, los jóvenes fueron sacados del inmueble de la calle 14 en vehículos no oficiales, los pasearon por la ciudad torturándolos con amenazas de desaparecerlos, para finalmente abandonarlos en zonas alejadas, sin posibilidades de comunicarse con sus familias. Cada uno volvió a casa como pudo.

La madrugada del 19 de agosto de 2021 policías estatales irrumpieron en la protesta que estudiantes mantenían en el denominado parque Resistencia Huentitán. Con violencia, pateando las casas de campaña y amenazando a los jóvenes, dieron cumplimiento a la orden de desalojo que emitió el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos.

Ellos protestaban contra la decisión del actual gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, cuando era alcalde de Guadalajara, de validar la entrega del predio donde se construye el desarrollo inmobiliario Iconia por parte de la empresa española Mecano a la mexicana Operadora Salamanca. Ese predio había sido adquirido por el municipio para la construcción de un parque público, por lo que, con la manifestación, jóvenes y vecinos de Huentitán exigían que ese fuera el destino y no la entrega a intereses privados.

El juez Rivera Gallegos no se conformó con el desalojo. El 5 de enero de 2023 dictó prisión preventiva contra los estudiantes Javier Armenta, Illich Cisneros y Alexis Rojas por el delito de despojo con violencia. Los jóvenes duraron cinco días en prisión y siguen sujetos a proceso, lo que ha afectado su desarrollo personal, pues las medidas cautelares los obligan, entre otros puntos, a acudir a firmar cada dos semanas.

El sábado pasado, un grupo de jóvenes se manifestó en la Rambla Cataluña, a un costado del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, como parte de las acciones globales en contra del genocidio en la Franja de Gaza. Los manifestantes pintaron una barda en lo que era el Cine del Estudiante, actualmente sede de Canal 13. Cuando ya la protesta había concluido, varias patrullas de la Policía de Guadalajara llegaron al lugar; los uniformados, con violencia, sometieron y detuvieron a siete jóvenes, entre quienes había mujeres.

Trascendió que la rápida actuación de la policía fue a petición del medio de comunicación. Unas horas después los jóvenes fueron liberados.

¿Qué tienen en común estas tres historias? En todas, las víctimas son jóvenes interesados en lo que sucede en su entorno, más allá de su vida personal. La inquietud por su barrio, su ciudad, el planeta donde viven. En los tres, la respuesta de la autoridad fue la represión, las amenazas y la tortura.

Estos jóvenes se han topado con la intolerancia de una autoridad que presume su frivolidad de manera permanente.

En tiempos en que nos quejamos tanto de que las redes sociales tienen a los jóvenes atrapados, las acciones de protesta son una luz de que el futuro puede ser mejor. Sin duda.

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