Un nuevo dolor de cabeza: la transparencia

En Jalisco empezó otra cuenta regresiva, la de la reforma que tendrá que hacerse en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para aterrizar los cambios que ya entraron en vigor a escala federal.

En una columna publicada ayer, Rubén Alonso, uno de los especialistas en la materia, nos recordó que faltaban 73 días para diseñar los cambios. Sin embargo, el plazo no es una garantía de que se trabajará en esta agenda, pues recordemos que recientemente al Congreso del Estado se le venció el plazo para aterrizar la reforma al Poder Judicial y no cumplió.

Así que sacar adelante la reforma de transparencia también dependerá de la voluntad política. Por lo pronto, la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Cantero Pacheco, y la contralora estatal, Teresa Brito Serrano, trabajan en foros de consulta para recabar propuestas, así que solo queda esperar que los planteamientos que de ahí salgan sean tomados en cuenta.

La reforma aprobada a escala federal y que en términos generales será la base para los cambios que se hagan en el estado, no significa, prácticamente para nadie que conoce el tema, una posibilidad de avanzar. El pesimismo tiene fundamento, por lo que la única esperanza que tenemos es que la voluntad política en el estado permita que la reforma local sea, al menos, mejor.

Los trabajos para crear una legislación local de transparencia podrían ser una buena oportunidad para subsanar las fallas que se han dado en la práctica, porque ciertamente Jalisco es un estado que ha marcado la pauta en avances, pero también una vez que se dio este reconocimiento comenzaron los pasos hacia atrás, especialmente durante los gobiernos del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y, especialmente, en el del emecista Enrique Alfaro Ramírez.

Una de las principales preocupaciones que hay en torno a esta reforma es el que tiene que ver con la desaparición de los órganos garantes, es decir, los institutos de transparencia. Ahora, la función de garantizar que los sujetos obligados cumplan será de las contralorías u órganos de control interno, que dependen presupuestal y laboralmente del sujeto obligado. Es decir, revisarán y sancionarán a sus jefes.

Pero la inquietud no solo está relacionada con la autonomía, también con la carga de trabajo. Los institutos de transparencia tenían como única función la transparencia y la protección de datos personales. Las contralorías y órganos internos de control sumarán a sus múltiples tareas actuales, relacionadas principalmente con la rendición de cuentas, las nuevas funciones que les arroja la reforma, tanto para vigilar que se cumpla con la publicación de información, con el resguardo de archivos, con la protección de datos personales y además deberán resolver los recursos ante las negativas u omisiones en materia de transparencia.

Ayer, en un foro de consulta sobre este tema, el periodista Luis Herrera mencionó además que las contralorías son unipersonales y cuando se trata de resolver recursos o quejas hay que interpretar la ley. Cuando quien resuelve es un órgano colegiado, pueden darse opiniones diferentes y un mejor debate, lo que no ocurre si es un solo funcionario quien debe resolver.

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