¿Para qué queremos esta democracia?

Jalisco registró un récord en desaparición de personas en 2023, con 2 mil cuatro personas que no han sido localizadas. Los datos salen del registro que diseñó el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid). En total, durante la actual administración estatal han desaparecido 8 mil 787 personas.

Ambos datos fueron publicados la semana pasada por el periodista Lauro Rodríguez en NTR Guadalajara, con lo que se confirma el liderazgo de la entidad en este delito.

La noche del jueves pasado, habitantes del municipio de Encarnación de Díaz fueron testigos de un nuevo enfrentamiento entre civiles, el cual duró alrededor de 40 minutos.

Unas horas después, el gobierno de Encarnación de Díaz emitió un comunicado en el que informaba a la población del “enfrentamiento armado entre grupos delictivos antagónicos en la zona oriente de la cabecera municipal”, por lo que pidió a los ciudadanos “tomar precauciones y evitar el tránsito por la zona, misma que se encuentra resguardada”.

El viernes pasado, habitantes del municipio de Ocotlán llamaron a una manifestación para exigir la salida de la Guardia Nacional, por lo que bloquearon el ingreso al municipio y la autopista.

La protesta fue convocada, aparentemente, porque elementos de la Guardia Nacional perseguían a un presunto delincuente, quien al tratar de huir se impactó contra un vehículo estacionado y perdió la vida, según un video que se difundió en redes sociales. En algunos audios que se difundieron, también en redes sociales, se daba a entender que quienes llamaron a la manifestación podrían ser parte de la delincuencia organizada en ese municipio de la Ciénega.

Ante estas noticias, saber que quienes son responsables de la seguridad en Jalisco, es decir, las autoridades de los tres niveles de gobierno, estén tan enfrascadas en el adelantadísimo proceso electoral es, por lo menos, un insulto.

Los medios de comunicación electrónicos están saturados de anuncios de precampaña, en los que los diferentes partidos políticos hablan de compromisos y esperanza. Pero ¿cómo hablar de democracia cuando el Estado no cumple con lo mínimo hacia la población: garantizar la vida?

Es innegable que el territorio se ha ido perdiendo. Como botón de muestra está el municipio de Jilotlán de los Dolores. En junio iremos nuevamente a las elecciones y en esa demarcación no fue posible elegir autoridades en todo el trienio, luego que el crimen organizado solo permitiera que se registrara una planilla en la elección de 2021. Ante eso tuvo que designarse con Concejo Municipal que cerrará la administración, porque nunca hubo condiciones para celebrar una elección extraordinaria.

Las campañas de 2021 tuvieron un alto nivel de complejidad, por la inseguridad y la intromisión de la delincuencia en la mayoría de los municipios, según han confirmado quienes encabezaron partidos o fueron candidatos en ese año. Hubo zonas donde no pudieron hacer campaña e imposiciones del Cártel Jalisco Nueva Generación de candidatos o funcionarios públicos.

Y en el proceso actual no hay elementos que nos permitan creer que será distinto. Pero el tema no se abordará. Seguramente los partidos políticos y los candidatos guardarán silencio y simplemente acatarán las reglas en la imposición de candidatos y en las restricciones de las zonas y horarios en los que no podrán hacer campaña.

Además, ninguno de los contendientes aceptará la responsabilidad que los gobiernos de sus partidos han tenido en la situación de violencia e inseguridad que se vive en Jalisco y, en general, en la mayor parte del territorio nacional.

[email protected]

jl/I