El periodo de las mentiras y descalificaciones

El pasado primero de noviembre comenzó formalmente en Jalisco el proceso electoral 2023-2024. Esta etapa, más allá de las posibilidades de promoción para partidos y precandidatos, marca el comienzo de ese espacio de tiempo desafortunado para los ciudadanos, que tienen que conformarse con autoridades suplentes, casos de corrupción –el año de Hidalgo, se le dice coloquialmente–, y el intercambio de agresiones y mentiras.

La legislación marca que quienes ocupan un cargo público y serán postulados en la siguiente elección deben solicitar licencia. Esto tiene una ventaja, pues evita, en teoría, que quienes manejan recursos económicos, materiales y humanos, los utilicen para promoverse.

El problema es que la salida de los responsables de cargos de elección popular deja inconclusa su función y no siempre quien los suple representa la continuidad. Un claro ejemplo es Guadalajara, donde el presidente municipal con licencia, Pablo Lemus Navarro tuvo que entregar la alcaldía a un grupo diferente, como parte de las negociaciones para que se aceptara su candidatura al gobierno del estado.

Lemus Navarro dejó proyectos y obras a medias, nada más basta darse una vuelta por el centro de Guadalajara, así que esperemos que éstos se concluyan en los plazos, precios y calidad contratada.

Ayer, la periodista Jessica Pilar Pérez dio a conocer que 29 de los 38 diputados buscarán reelegirse u otro cargo de elección popular. Esta situación, que se presenta en cada legislatura, arroja dos situaciones: los diputados que simulan que piden licencia y nunca se convoca a sus suplentes, para que puedan seguir cobrando su salario de alguna manera, aunque no sea legal, o bien los suplentes que llegan solo a ocupar la curul, levantar la mano y cobrar el salario, sin involucrarse en los temas legislativos.

La peor parte es la de la corrupción. La historia de los últimos gobiernos está plagada de desvíos de recursos para aprovechar el cierre de las administraciones, con compras innecesarias o de productos que nunca llegan, contratos plagados de abusos u obras a sobreprecio o que no se realizan.

Todo lo anterior, sin contar que muchos de los suplentes no tienen la capacidad para el cargo que les cayó de sorpresa y cargan su ineficiencia al mal funcionamiento de las instituciones a las que representan.

La otra desventaja de este periodo es la disputa partidista sin escrúpulos, que llena los espacios de información, sobre todo las redes sociales y los sitios de Internet, de mentiras y descalificaciones.

De esto ya nos habían dado una probadita con las adelantadísimas precampañas por la Presidencia de la República. Las noticias falsas, los cambios de postura para quedar bien o los compromisos que nunca se cumplirán, se vuelven el material con el que vemos desfilar a los partidos y precandidatos.

En los equipos de campaña y, en especial, los cuartos de guerra, la principal apuesta es para descalificar al rival a vencer, incluso por encima de los compromisos de sus candidatos.

Lo vimos en la disputa interna de Movimiento Ciudadano, cuando desde las empresas que llevan la comunicación del gobierno del estado se puso en marcha una dura campaña de descalificación contra Pablo Lemus. Una vez que se llegó a un acuerdo para que sea el candidato a gobernador, se decidió también un borrón y cuenta nueva.

Los periodos de precampaña y, más adelante, los de campaña, están muy lejos de ser un periodo para que el ciudadano reflexione lo que su municipio, su estado o el país necesitan. Y lo peor es que el árbitro, es decir, la autoridad electoral, en sus diferentes niveles, no interviene para que esto cambie. Así, al ciudadano solo le queda esperar que las elecciones pasen.

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