Judicial: la lucha comienza

Hoy hace ocho días –martes 10– se publicó en el periódico oficial El Estado de Jalisco la reforma al Poder Judicial emprendida por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y avalada por la mayoría del Congreso del Estado y los ayuntamientos de la entidad; esto quiere decir que dicha reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Y, efectivamente, la promulgación de la reforma a los artículos 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65 y 66 de la Constitución del Estado significa el banderazo para que el presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro Esteves, cumpla –pese a su resistencia– con el mandato que le dio el pleno de recurrir a la controversia constitucional ante la Suprema Corte con el propósito de echar abajo las propuestas, hoy ley, que presentó Alfaro ante el Legislativo y que los magistrados consideran una violación a su autonomía.

Recordemos que estas reformas consideran la implementación de un sistema de evaluación y confianza para magistrados y jueces que incluye exámenes patrimonial y de entorno social, así como médico, psicosométricos, toxicológicos y de polígrafo, pero los integrantes del Poder Judicial cuestionan por qué ellos son sujetos a dichas evaluaciones y no se obliga a que también lo sean el gobernador del estado y los 38 diputados del Congreso local, como representantes de los otros dos poderes, Ejecutivo y Legislativo.

Pero, además, en este renglón consideran una violación a su autonomía y se les obliga a someterse a la voluntad de otro Poder, pues no obstante que se enuncia que el Poder Judicial tendrá su propio órgano de evaluación y confianza, su titular será designado por el Congreso del Estado.

Incluso, los magistrados impugnan también la participación de terceros en el modelo de nuevos nombramientos, pues ya no sería únicamente el Legislativo el que intervenga directamente en su designación, sino que ahora se abre la intervención del Comité de Participación Social, que a decir verdad hasta ahora sólo ha servido para validar los intereses del Ejecutivo en los diversos nombramientos –como el del fiscal anticorrupción, por mencionar un caso emblemático–, y cuya tarea es elaborar un informe técnico de idoneidad de cada candidato, aunque no exista prueba alguna que los integrantes de este comité son los idóneos para tomar esta decisión.

También se incluye la participación de las universidades públicas y privadas como encargadas de elaborar y aplicar la evaluación a los aspirantes. Por supuesto que el Poder Judicial no está de acuerdo con la intervención de entes externos en su designación, como son las instituciones de educación superior y el CPS del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ante el paso dado por el Ejecutivo de promulgar las reformas y la decisión del Judicial de recurrir a la controversia, las apuestas están a favor de que este último saldrá avante y obtendrá el respaldo de la justicia federal, luego de que la Suprema Corte emitiera algunos fallos que para especialistas y expertos en la materia servirían como antesala para pronosticar que de entrada el Poder Judicial de Jalisco logrará la suspensión provisional a su favor, con lo que quedarán congeladas las controvertidas reformas, que también incluyen la desaparición del haber de retiro para jueces y magistrados.

Algunos diputados buscaron sortear que los magistrados no se fueran a la controversia mediante reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero desde el inicio aquéllos la rechazaron como opción por no confiar en el titular del Ejecutivo ni en los integrantes del Legislativo.

No transcurrirá mucho tiempo para conocer de la presentación de la controversia constitucional a las reformas del gobernador Enrique Alfaro, quien busca someter a su voluntad al Poder Judicial, luego de que logró hacerlo con el Legislativo.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I