Lo irregular y lo ilegal, una compleja dinámica de gobierno 

La importancia de las estructuras institucionales representa la certeza ciudadana de que un sistema funciona de manera regular y similar en las más diversas condiciones de funcionamiento social. La trama de la ola de construcción institucional que ha tenido nuestro país se acentuó muy particularmente a partir de la década de los 90, periodo en el que la ciudadanización de procesos que durante mucho tiempo estuvieron del lado exclusivo del gobierno, comenzó a experimentar cambios que implicaron tensiones importantes entre gobierno y ciudadanía, pero el resultado del empoderamiento ciudadano frente las acciones gubernamentales, si bien lento pero constante, logró cambios fundamentales que a partir de ese momento implicaron la intervención ciudadana. 

En las recientes semanas, algunas acciones que constituyen un excelente resumen de la irrupción institucional, sin un plan, por lo menos que se conozca públicamente, llaman de manera profunda la atención por las consecuencias que pueden tener. 

La disputa por el periodo electoral en Baja California resulta en un importante elemento de revisión, el fallido operativo de Culiacán, Sinaloa, y recientemente la elección de la mesa directiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) constituyen, por el momento, un compendio de la ruptura de la institucionalidad y, con ello, del principio básico de la certidumbre. 

La historia de la disrupción institucional tiene buenos momentos cuando se realizaron encuestas de partido, cuyos resultados adquirieron calidad de política de gobierno en el momento en que la presidencia electa, no el gobierno, decidieron establecer una serie de sondeos partidistas como el caso de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, y el tren maya. 

La continuación de estos procedimientos irregulares se sucedió, ya como gobierno instaurado y que, han implicado, de manera continua, utilización discrecional de las instituciones jurídicas que mina, con la constancia de su observancia a voluntad y no legal, la certidumbre institucional del Estado. 

En el caso de las controversias más recientes, el mensaje es de muy compleja interpretación porque, en los dos casos, el orden constitucional se ha visto trastocado, como lo fue, en su primer momento, la modificación de un proceso electoral pactado entre partido, gobierno y ciudadanía en Baja California, en la que, una vez como mayoría partidista, se decreta la anulación de la ley con la que se desarrolló la elección para un periodo de dos años y, ahora, sin las urnas, sin la presencia ciudadana y violando la propia ley electoral, se decreta una reforma a la ley del Estado pasando a un periodo de dos a cinco años. 

En el caso de la CNDH, el espectáculo desastroso en el Senado, operado por la mayoría en el gobierno, da por resultado una designación sin los votos necesarios para declarar el nombramiento de la ombudsperson. Quizá una de las imágenes que mejor ilustran el evento es la censura significativa de un grupo de senadoras que impidió y eliminó, físicamente, la intención de un senador para protestar en la mesa.  

La estructura institucional del Estado mexicano es lo suficientemente consistente que permite el tránsito de un gobierno, su instalación, planeación y fortalecimiento sin una confrontación al margen del desarrollo institucional. En este momento se requiere un análisis profundo y claro para establecer los cambios que se requieran porque, la claridad del partido y del presidente tienen la suficiente consistencia para realizar algo importante: gobernar. 

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