Evaluación de guardias nacionales

Hace un año todavía estaba en discusión por parte del Poder Legislativo la iniciativa de ley que crearía la Guardia Nacional. 

Una de las principales preocupaciones de la sociedad, representada por defensores de derechos humanos y especialistas en la materia, era el carácter militar que le confería el texto propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hubo negociaciones para modificar algunos aspectos que permitieron a diputados opositores decir que lograron un mando civil. 

En la práctica, hemos visto las camionetas que usan los miembros de la corporación para patrullar, artilladas de una manera similar a las del Ejército. 

Las operaciones de la Guardia Nacional en Jalisco han estado vinculadas a las de policías municipales y estatales, aunque con reticencia a trabajar conjuntamente de una manera estrecha. Más bien se les ve por su lado haciendo patrullaje adicional al de las fuerzas locales de policía. El discurso de coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno se queda en lo meramente retórico. 

Los guardias nacionales han realizado detenciones similares a las de la policía, aunque en una proporción muy modesta. También han protagonizado enfrentamientos armados, como el del 6 de noviembre en San Pedro Tlaquepaque en contra de miembros de la delincuencia organizada, que llevó a la localización de tres fincas de seguridad con fosas clandestinas en Tlajomulco de Zúñiga. 

Otros estados de la República han sido testigos de violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional, principalmente los derechos de personas migrantes que han vivido una persecución por parte del gobierno federal, convirtiendo a la corporación de seguridad nacional en la concreción de los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para contener el avance de personas que intentan ingresar a ese país a través de México. 

En Jalisco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente por una queja en contra de la Guardia Nacional por una presunta detención arbitraria. Si bien, la actuación de la comisión ha sido tibia y probablemente omisa en cuanto a la vigilancia del cumplimiento del respeto a los derechos humanos por parte de la corporación, en total hubo 32 expedientes iniciados hasta noviembre de 2019, según información de Animal Político. 

Ello representa una cantidad mínima comparada con la cantidad de quejas presentadas en contra de las policías estatales y municipales en cada entidad y con respecto a las presentadas históricamente en contra del Ejército, la Marina y la Policía Federal ahora extinta. 

Siendo elementos de las Fuerzas Armadas que tenían ya una preparación enfocada en la justicia militar, los miembros de las corporaciones castrenses que se unieron a la Guardia Nacional tuvieron una capacitación exprés para promover que sus conocimientos estuvieran en sincronía con la legislación para las corporaciones civiles de seguridad pública. 

Es pronto aún para evaluar qué tanto la nueva corporación de seguridad se rige por el respeto a los derechos humanos. Será necesario obtener más información acerca de los resultados que ha dado, por ejemplo: saber la cantidad de detenciones que fueron decretadas como legales, la cantidad de procesos penales iniciados a los miembros de la institución, las recomendaciones por parte de la comisión respecto a violaciones de derechos humanos. 

Localmente aún falta que las corporaciones policiales muestren una efectiva coordinación con la Guardia Nacional, sobre todo considerando que la Policía Metropolitana sigue teniendo la apariencia de algo que no termina de cuajar. 

Twitter: @levario_j 

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