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¿Para espiarnos?
A creerle
La democracia en México es, por decir lo menos, una democracia precaria y en un prolongado proceso de deterioro, que pone en riesgo su viabilidad institucional. Lo que es un hecho, de acuerdo con los datos de Latinobarómetro de 2018, es que solamente 38 por ciento de los mexicanos manifestaron su apoyo a la democracia y sólo 16 por ciento dijo sentirse “satisfecho”.
No es un fenómeno reciente, como algunos opinadores se han dedicado a propalar. No. Se trata de un desgaste que se ha venido realizando a lo largo de los años. De acuerdo con este estudio, que la encuestadora realiza desde 1995, la disposición de los mexicanos hacia la democracia ha experimentado variaciones importantes.
En 1995 el apoyo hacia la misma era de 49 por ciento; el punto más alto se alcanzó en 2002, en el contexto de la alternancia en la Presidencia, cuando llegó a 63 por ciento. En 2005, el apoyo se mantenía en un nivel alto (59), pero a partir de 2006, que coincide con las elecciones y el arribo de Felipe Calderón, el porcentaje acusó una severa declinación al pasar de 54 al 37 por ciento registrado en 2013. Y aunque en los primeros años de Peña Nieto se aprecia un repunte a 48, al final de su mandato el porcentaje nuevamente había caído hasta el 38 por ciento. Habría que esperar el nuevo estudio para observar el impacto que la llegada de López Obrador ha tenido sobre la disposición de los mexicanos hacia la democracia.
Es en este contexto, es decir, desde la perspectiva que los ciudadanos tienen hacia la democracia, que se debe encuadrar el funcionamiento del sistema político y sus instituciones, dentro de las cuales se encuentra el Instituto Nacional Electoral (INE). Habría que recordar de entrada, que su creación fue consecuencia del conflicto postelectoral de 1988, calificado de fraudulento. La presión social obligó al régimen priista a otorgarle la autonomía a la naciente institución, al tiempo que ciudadanizaba la integración de su Consejo. El prestigio de aquel consejo abonó a imprimirle credibilidad hacia unos procesos electores, que el imaginario popular calificaba de fraudulentos.
Empero, aquel ánimo de ciudadanizar el órgano electoral pronto fue olvidado y la distribución de cuotas por partido dio paso a su secuestro por el PRI, en primera instancia, y luego por la partidocracia en su conjunto. El divorcio con los ciudadanos se había consumado. En la percepción de los mexicanos el INE se encuentra ubicado entre las instituciones a las que otorga una “confianza media”. De acuerdo con el Ranking de Confianza Institucional que elabora Consulta Mitofsky, el instituto electoral ha recibido calificaciones que se encuadran en el rango de los 6 puntos. En la medición más reciente obtuvo 6.5 de calificación.
Con claroscuros a lo largo de su trayectoria, el instituto ha escenificado acciones luminosas, como las alternancias de 2000 y 2018, pero también con eventos bochornosos que han lastrado su imagen negativamente. El oscuro episodio de las elecciones de 2006, que dinamitó su credibilidad, fue el peor de todos. Tampoco es buena señal la feroz defensa que han esgrimido de sus elevados salarios. Por eso, entre otras cosas, identificar al INE con la democracia es un dislate monumental.
En un régimen de transición, todas las instituciones son susceptibles de modificaciones. Lo deseable es que en su proceso de transformación, con la designación de los nuevos consejeros, el INE recobre su vocación original de defensor de los derechos electorales de los ciudadanos.
Twitter: @fracegon
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