Pandemia no justifica adjudicaciones: CPS

Aunque la ley lo permita, la pandemia por sí sola no es justificación para que el gobierno del estado se aproveche y evite licitar compras, afirmó Lucía Almaraz Cázarez, presidente del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE). 

La representante del comité recordó que desde que la pandemia llegó al estado el SAE hizo recomendaciones al gobierno de Jalisco para cuidar los procedimientos de compras gubernamentales. 

“En estos contextos de la emergencia siempre existe el riesgo de corrupción. De inicio nosotros hicimos un pronunciamiento donde hicimos varias recomendaciones, pero una tiene que ver directamente con tener cuidado con el tema de compras por los posibles riesgos de corrupción que existe”, comentó. 

NTR publicó ayer que el gobierno estatal ha hecho adjudicaciones directas por más de 66.7 millones de pesos durante la pandemia. Al respecto, Almaraz Cázarez consideró que se debe comprobar que las compras se requerían a partir de la contingencia; de lo contrario, la administración estaría incurriendo en irregularidades.  

En ese sentido, adelantó que la Contraloría del Estado ya comenzó un proceso de auditoría a las compras realizadas por el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco y la propia Secretaría de Salud Jalisco (SSJ). 

“Al ser estos dos en donde se concentra la mayor parte de las adquisiciones derivadas del tema del Covid-19, se está realizando una auditoría. Lo que nos han informado es que esta auditoría puede llevar de tres a cinco meses por lo robusto de la información y porque ahí es donde se está concentrando el tema del Covid-19”, comentó. 

Después seguiría una auditoría a la cuenta pública 2020 del gobierno del estado, la cual se realizaría en acompañamiento del CPS y el SAE. 

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Jalisco, Rubén Alonso González, apuntó que los órganos de control interno de las dependencias tendrían que hacer la función de prevención de actos irregulares; sin embargo, podrían estar rebasados o, incluso, “haciendo normal lo anormal”. 

Alonso coincidió con la titular del CPS en que la pandemia no es justificación suficiente para realizar adjudicaciones directas y añadió que en cada compra debió fundarse y motivarse la urgencia. 

Álvaro Quintero, académico especializado en temas de gobernanza y corrupción, señaló que la ley de compras gubernamentales no exige una buena supervisión de los procesos de compra y contratación de servicios, lo cual se ha visto en el arrendamiento de maquinaria pesada del programa A Toda Máquina o en la contratación de empresas que llevan la comunicación del gobierno del estado. 

Señaló que hay casos en los que la adjudicación directa no se justifica, como en los 5 millones de pesos que se pagaron a la empresa de comunicación Indatcom durante la pandemia, y añadió que la Contraloría tendría que revisar qué dice el contrato que se firmó con esta empresa en enero, “para ver por qué es esto adicional (a lo) que se le está pagando y si no se pudo contemplar en el contrato que ya se había firmado”. 

Manifestó que las adjudicaciones directas son un problema sistémico en México, tanto en los Municipios como en los estados y la Federación. De manera contraria, agregó, en Estados Unidos y en la Unión Europea sólo se acude a ellas en “el peor escenario”, pues la intención es que se compre lo mejor al mejor precio. 

EH/I