Estorban búsqueda de desaparecidos

En el papel, dependencias como la Fiscalía Especial en Búsqueda de Personas (FEPD) o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) deberían abonar a la localización e identificación de desaparecidos, pero en la realidad se han convertido en un obstáculo para las familias de víctimas. 

Así lo expresaron mujeres con familiares desaparecidos que participaron en el conversatorio Experiencias de búsqueda de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, organizado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). 

Martha Leticia Cruz García, integrante del colectivo Entre el Cielo y la Tierra, ejemplificó el proceder de la autoridad con el caso de su hijo, Édgar Ulises Quintero García, quien desapareció el 4 de agosto de 2017. Aunque su familia logró obtener indicios de su caso, la Fiscalía Estatal extravió la carpeta. 

“Todo (en las instituciones) se mueve en la oscuridad. Todo nos lleva (a ver) cada vez más lejano encontrar a nuestros familiares. Hemos salido nosotros a búsqueda y conseguimos información muy valiosa, nos traen información muy valiosa. La llevamos a las autoridades y la pierden, no hacen nada, no desahogan esa información”, señaló. 

Por la situación, añadió, es que no ve en las autoridades un brazo de apoyo, sino una barrera que obstaculiza el trabajo que las familias realizan. 

Evelyne Herrera, otra de las participantes, contó que busca a su hermana Nayeli Herrera desde el 1 de mayo del año pasado. En su labor para encontrarla ha detectado que las autoridades, además de no investigar, revictimizan a las personas desaparecidas. Cuando acudió con las autoridades encargadas del Protocolo Alba, la primera pregunta fue: ¿en qué andaba metida tu hermana? 

“No solamente es ir a levantar tu denuncia. Todo el tiempo están revictimizando a las familias y a las personas desaparecidas. Fue muy doloroso ver todo el tiempo cómo cuestionaban la reputación de mi hermana, con quién andaba, dónde estaba. Culpándola de su propia desaparición y culpando a los familiares de que no sabíamos dónde estaba”. 

Cruz García llamó también a evitar la revictimización y a trabajar en las colonias o zonas donde opera el crimen organizado y se dan desapariciones. 

“Si las autoridades tienen identificados estos lugares (con alta delincuencia organizada) por qué no erradicar, por qué no dar seguridad, por qué estar permitiendo las desapariciones y por qué no hacen un estado libre. Están dejando de hacer su trabajo. Las desapariciones están porque no están yendo en contra de estos criminales”, indicó. 

De acuerdo con datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), en Jalisco hay 9 mil 731 personas desaparecidas. La cifra contempla desde 1995 al 30 de septiembre de 2020. 

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la cifra es mayor, ya que contabiliza 11 mil 99 casos del 15 de marzo de 1964 al 8 de octubre de 2020. Por el número el estado se encuentra en el segundo lugar nacional. 

SIN PARTICIPAR 

Las participantes en el conversatorio señalaron también que cuando la Fiscalía del Estado encuentra una fosa clandestina no permite a familias de desaparecidos que se acerquen al lugar para ver si logran identificar algún cuerpo. Al acudir al IJCF, la respuesta es la misma: no se les permite ingresar o siquiera ver las ropas o accesorios que portaban los fallecidos encontrados en las fosas, lo cual lleva a que la incertidumbre y la frustración por la burocracia gubernamental crezcan. 

Consideraron que si esto sucede en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), donde hay una Comisión de Búsqueda de Personas, donde están las oficinas centrales del IJCF, de la Fiscalía del Estado y de la FEPD, y, sobre todo, donde están los colectivos, las familias de desaparecidos de municipios ubicados fuera de la ciudad han de vivir un calvario peor. 

Ante este panorama, pidieron a la población que se convierta en una aliada en la búsqueda de desaparecidos. 

Piden al CED involucrarse en caso de mujeres trans 

Organizaciones civiles solicitaron al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) emitir acciones urgentes para que el Estado mexicano tome todas las medidas necesarias para buscar y localizar a dos mujeres trans desaparecidas en Jalisco. 

El 18 de septiembre, Kenia Duarte Pérez, de 20 años, y Karla García Duarte, de 22, se reunieron con algunos amigos en la zona conocida como Cinco Esquinas, en Zapopan. Se retiraron del lugar a las 23:15 horas y desde entonces no se volvió a saber nada de ellas. 

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, AC, y Unión Diversa de Jalisco (UDJ) fueron las organizaciones que hicieron el pronunciamiento, en el cual pidieron que las acciones se realicen siempre asegurando la inclusión de un enfoque diferenciado y de género, y la aplicación del principio de no discriminación. 

También solicitaron que se tome en consideración la identidad de género de las víctimas y su consideración especial de vulnerabilidad. 

Las organizaciones recordaron al CED que la desaparición de las dos jóvenes se da en un contexto generalizado de desapariciones en el estado de Jalisco. Lauro Rodríguez 

FRASE: 

“No solamente es ir a levantar tu denuncia. Todo el tiempo están revictimizando a las familias y a las personas desaparecidas”: Evelyne Herrera, Hermana de joven desaparecida 

Una tragedia 

• 9 mil 731 personas desaparecidas hay en Jalisco, según datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición. La cifra contempla desde 1995 al 30 de septiembre 
• 11 mil 99 personas desaparecidas hay en el estado, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El número considera casos del 15 de marzo de 1964 al 8 de octubre de 2020 

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