Tergiversar la inseguridad

Tergiversar es el nombre del juego. Si la Fiscalía del Estado logró acreditar que la extinta Fiscalía General maquillaba las cifras de incidencia delictiva con un subregistro, el discurso triunfalista de la actual administración convierte en blanco un gris que en un sentido estricto más bien tiende a lo negro. 

En general, la glosa del gabinete de seguridad la semana pasada transcurrió sin sobresaltos y sólo sirvió para reiterar el tono triunfalista del gobierno del estado en su interpretación del fenómeno de inseguridad. 

Donde la pandemia logró una drástica e insólita disminución de denuncias de algunos tipos criminales, la Coordinación General Estratégica de Seguridad –que de coordinación y de estratégica sólo tiene el nombre– atribuyó completamente la estadística a la operación de la Policía Metropolitana. Una institución que prácticamente sólo existe en el papel, con un incipiente grupo de reacción en conformación que comenzó a trabajar recientemente y que por sí solo no podría haber tenido esos logros. 

La Policía Metropolitana no es, como el gobernador y el coordinador quieren hacer creer, una sola corporación que agrupa a casi 8 mil policías de nueve municipios, sino un órgano administrativo con menos de 30 personas. La labor de elaboración de políticas públicas que desempeñaba su antecesora, la Agencia Metropolitana de Seguridad, quedó completamente relegada. 

La participación que tiene en la seguridad pública es mínima en términos reales, limitándose a establecer un diálogo con las corporaciones municipales y a analizar las estadísticas que cada municipio acceda a compartirles para proponer más patrullaje en cierta zona. No dirige ni coordina. Es una voz más en las reuniones de seguridad. Una voz sin carácter vinculante en medio de un juego de intereses políticos de los alcaldes y el gobernador. 

La farsa de la glosa descarta las cifras de feminicidios previas a 2019 porque, según el coordinador Ricardo Sánchez Beruben, antes de ese año no existía un protocolo y no se podría establecer un punto de comparación. 

Lo cierto es que existía un protocolo que se ha ido adecuando y cuyo cumplimiento se ha realizado discrecionalmente en el pasado, pero que sí acreditó hasta 69 asesinatos con motivos de género judicializados como feminicidios tan sólo en 2015 y 63 en 2019, segunda cifra más alta desde que se legisló el tipo penal en 2012. Con al menos 51 crímenes hasta el momento de la glosa, 2020 es ya al menos el tercer año con mayor incidencia. 

La coordinación niega la evidente crisis forense por cadáveres de personas fallecidas sin identificar mediante un tecnicismo. Que son alrededor de 400 cuerpos y no los más de mil 900 y contando que tiene registrados el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Tendría que aclarar que ésa es la cifra aproximada de cuerpos enteros, pero el resto son partes humanas que también merecen el tratamiento de personas sin vida y que se deberían contar individualmente hasta que se tenga una confirmación genética. 

Hay aspectos mencionados muy de paso que merecen un análisis mucho más profundo que las respuestas otorgadas a los diputados. Por ejemplo, tanto el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez como el secretario de seguridad Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano mencionaron que tienen dos traductores de lenguas indígenas las dependencias a su cargo. Significa un traductor en seguridad y uno en procuración de justicia casi por cada 20 mil habitantes de una población dispersa en la entidad. 

No basta hablar de frente, una actitud que resaltó Sánchez Beruben al inicio de la glosa. También es necesario hablar con honestidad. 

Twitter: @levario_j

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