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Dura contra AMLO
A las doce
La Catedral de Guadalajara y el palacio de gobierno fueron cercados con vallas metálicas ayer por la mañana. Una manifestación pacífica feminista por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado ayer, prendió las alarmas de la autoridad, la cual decidió proteger los edificios.
Decenas de policías municipales y estatales, en su mayoría mujeres, comenzaron a aparecer a partir de las 11 horas en Plaza de Armas. A la par, comenzaron a reunirse feministas, colectivos y familiares de mujeres desaparecidas o asesinadas cuyos casos han quedado impunes.
En el lugar instalaron un antimonumenta contra la violencia de género. La autoridad ya tenía conocimiento de esta acción, por lo que envió a mujeres policías a tratar de impedir que fuera colocado, recriminaron feministas.
El fin de la antimonumenta fue representar de manera física el hecho de que en Jalisco los crímenes de género permanecen impunes y las mujeres viven inseguras.
La instalación del monumento provocó que el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Enrique Ibarra Pedroza, dejara por unos momentos el escritorio, saliera de palacio de gobierno y tratara de acercarse para preguntar dónde lo pensaban colocar, pero lo corrieron al grito de “fuera”.
El funcionario se defendió en redes al señalar que acudió a ponerse a las órdenes de los colectivos y para trabajar en conjunto para erradicar la violencia contra la mujer, pero también aceptó en entrevista que fue a verificar que el antimonumenta no infringiera el reglamento del Centro Histórico. Esto fue corroborado por las feministas: sólo preguntó por el antimonumenta, no fue trabajar en conjunto.
La coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Guadalupe Ramos Ponce, consideró que el funcionario no debió acercarse y recordó que lo han buscado y no ha respondido. Se le cuestionó por parte de los manifestantes con qué colectivos ha tenido acercamiento, pero no pudo responder.
Al final, la Policía también se retiró y las feministas consiguieron colocar la estructura de 3 metros de alto y 300 kilos de peso en Plaza de Armas. Ahora esperan que el gobierno de Guadalajara la incorpore al mobiliario protegido y no opte por querer retirarla.
Enrique Castañeda, padre de Dulce Gabriela Castañeda Cortés, acudió ayer a Plaza de Armas para exigir justicia por la muerte de su hija.
Su hija falleció el 21 de junio de 2019 en Tonalá. Según la carpeta de investigación del caso, se suicidó, pero sus familiares afirman que su muerte se trató de un feminicidio; sin embargo, la Fiscalía Estatal se niega a investigar el deceso y quiere archivarlo.
El hombre estuvo acompañado de su familia completa, conformada por tres mujeres más, una de ellas niña, quienes se pararon frente a los medios de comunicación para exigir seguridad para todas las mujeres de Jalisco.
El padre de la víctima aseguró que no creen la versión del suicidio, ya que un día antes de la muerte de su hija recibieron mensajes de ella en los que aseguraba que estaba siendo golpeada por su pareja.
Además, cuando encontraron su cuerpo, entre sus ropas había una nota en la que responsabilizaba a tres personas de su muerte. “Si algo me llega a pasar, hago responsables a Gilberto Olivares, a Mayra y Marco Antonio”, indicaba una de los escritos.
Enrique recordó además que uno de los señalados, su esposo, es funcionario de gobierno.
“(A mí) me dijeron: ‘su hija se colgó’. ¿Cómo? No supimos ni qué hacer. Nos dirigimos al domicilio donde vive este tipo (presunto feminicida). Este tipo trabaja en el Congreso (del Estado). Nosotros pensamos que el Congreso le está ayudando para obstaculizarnos. Ya es un año y siete meses y nadie ve por nosotros. Nosotros pensamos que los diputados están pagando por asesorarlo. El gobierno quiere a fuerza decir que ella se suicidó”, comentó el hombre.
Las dependencias del gobierno del estado conmemoraron el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres con la firma del convenio Instituciones Libres de Violencia.
El documento es un compromiso oficial institucional para tener cero tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso sexual al interior del gobierno estatal.
“En este gobierno no vamos a tolerar la violencia contra las mujeres, particularmente en el ámbito del servicio público. Nuestro compromiso va más allá de la firma de un convenio, tiene que convertirse en una práctica permanente”, señaló el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Lauro Rodríguez
jl/I