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Lengua-je soez
Familiares de personas desaparecidas y especialistas coincidieron en que la pandemia por Covid-19 vulneró los procesos de búsqueda y las labores de investigación.
Lo anterior lo discutieron durante un foro virtual en el que también señalaron que la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que entró en vigor en 2018, todavía tiene grandes carencias en Jalisco.
Durante su participación, Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, indicó que son las propias familias de desaparecidos las que realizan algunos de los aspectos más importantes de investigación, pues en la cancha de la autoridad las indagatorias “avanzan muy lentamente”.
“En algunos casos no se realizan actos de investigación o estos se plasman simplemente en oficios que se envían a entidades de gobierno solicitando información (…) No hay, en términos generales, un análisis de contexto, se ven más de forma aislada los casos. Esto impide lograr identificar redes criminales patrones en cuanto al modus operandi”, comentó el especialista, quien recalcó que en el estado hay más de 11 mil personas ilocalizables.
El representante de la ONU-DH mencionó además que se requieren más recursos para las áreas de las instituciones que están “a cargo de la investigación y de la búsqueda y, además, en el caso de la búsqueda, que haya una presencia territorial fuera de la capital del estado”.
Ante el escenario local, Maldonado Castro pidió al gobierno de Jalisco estudiar estrategias y establecer las adecuadas, así como priorizar la búsqueda en vida y la prevención de la desaparición.
Esperanza Chávez Cárdenas, representante del colectivo Por Amor a Ellxs, expuso que en la Fiscalía del Estado hay una constante rotación de personal que implica pérdida de tiempo para las familias de víctimas, ya que los procesos se inician de nueva cuenta con los cambios.
La activista expuso también que las carpetas de investigación no están integradas correctamente, por lo que las familias tienen que investigar por su cuenta, con lo que se exponen a riesgos de seguridad.
Por su parte, Marta Leticia García Cruz, representante del colectivo Entre Cielo y Tierra, analizó de manera específica lo que ocurre en Tepatitlán de Morelos, donde la situación ya ha motivado la aparición de un nuevo colectivo que agrupa a 70 familias, ya que no hay presencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ni de otras instituciones que tendrían que estar apoyando a las familias que buscan.
Tras exponerse el calvario que sufren las familias de desaparecidos, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Idehas), consideró que es necesario atender los problemas colaterales, inclusive de salud, que enfrentan.
Colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones sociales pidieron al Congreso de Jalisco que no retrase más la aprobación de la ley de declaración especial de ausencia.
Debido a que la legislación ya está lista desde fines de 2020, las agrupaciones exigieron al Poder Legislativo que la avale a la brevedad, pues así se reconocerán y garantizarán los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares.
Los colectivos y organizaciones también pidieron por medio de un comunicado que se retome la discusión del proyecto de ley de personas desaparecidas de Jalisco. El dictamen se analiza en mesas técnicas organizadas por la Subcomisión de Derechos Humanos
La ficha fue firmada por los colectivos Por Amor a Ellxs y Entre Cielo y Tierra, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), entre otras agrupaciones. Redacción
jl/I