Más violencia en El Salto

Desde luego no es la primera vez que suceden hechos de violencia en este municipio. Igual que otros territorios de Jalisco, El Salto se ha destacado por sus frecuentes situaciones de violencia: cuerpos o partes de ellos regados por sus caminos y carreteras, fosas clandestinas, cuerpos policiales y autoridades municipales autoritarias, presencia considerable del crimen organizado. 

Otra cara de esta violencia sistemática es la que diversos sujetos capitalistas, destacadamente los dueños del poder y de los cientos de fábricas instaladas en este territorio, han ejercido contra el río Santiago, los cerros, los bosques, los suelos y la vida buena que todos juntos permitían a las especies no humanas y humanas que lo han habitado históricamente. Esta violencia se ha aplicado, por décadas, con tal profundidad que ha terminado por transformar esta geografía, antes paradisiaca, en un territorio de guerra y sacrificio social y ambiental. 

De manera particular, a sangre fría, en El Salto y Juanacatlán, se ha exterminado, explotado, extraído, contaminado y destruido todo lo que el capital ha considerado necesario para potenciar sus procesos de acumulación y enriquecimiento. Son cientos las personas que han muerto producto de las acciones del progreso y muchas más las que sufren múltiples enfermedades de las cuales nadie de quienes las provocan se hace responsable y tampoco, desde el poder, se quiere parar este ecocidio. 

Y si esta violencia fuera poca, estos mismos sujetos destructores del territorio ejercen otras más contra las personas, las familias, que de manera también sistemática desde hace décadas han invertido años de su vida denunciando y oponiéndose a estos procesos depredadores de la vida actualizando la consigna: “Donde hay despojo y extractivismo, hay resistencia”. La defensa de estos territorios la han hecho varias generaciones y, por lo visto, serán necesarias otras más para contener este ecocidio. 

La lista de hechos represivos es tan larga que es imposible registrarla en una sola columna. Ya habrá tiempo y espacio para hacer una recuperación histórica de la represión y la violencia contra las y los defensores del territorio y la vida en El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y Tololotlán. 

Ahora lo que interesa es reseñar siquiera un poco las más recientes, una sucedida la madrugada del viernes 9 de abril, cuando Sofía, Alan y su hijo despertaron sobresaltados porque su camioneta que estaba estacionada en la cochera del departamento donde viven ardía en llamas. Ni con la ayuda de los vecinos pudieron sofocar el fuego. Fue necesaria la intervención de personal de los bomberos y protección civil. A pesar de ello, en pocos minutos, su vehículo fue consumido totalmente por las llamas. Obviamente no se trató de un accidente o una falla mecánica. La segunda, la madrugada del sábado 24 de abril, cuando desde una motocicleta fueron lanzadas piedras que rompieron los vidrios de la ventana de la casa de otros miembros de Un Salto de Vida. 

Casualmente estos atentados al patrimonio familiar y de la Asociación Un Salto de Vida coinciden con la serie de actividades que este colectivo ha estado realizando para que el gobierno de Jalisco cumpla su promesa de clausurar el basurero Los Laureles; para detener el despojo que se hace del agua del río Santiago y de las aguas subterráneas, contra la instalación ilegal de más fábricas, la autorización y construcción de más fraccionamientos y, desde luego, su férrea oposición a la instalación de un gasoducto y de la planta termoeléctrica La Charrería. 

Ya sabemos de qué lado está el gobierno, pero a pesar de ello hay que seguir insistiendo en que este siniestro sea esclarecido. No podemos aceptar que sea el anticipo de una mayor escalada represiva. Hagamos eco de esta denuncia, pero también de la lucha que por todos nosotros se hace desde El Salto y Juanacatlán. 

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