El fiscal incómodo

Gerardo Octavio Solís Gómez tiene más vidas que un gato. 

Desde luego que es un perfil poderoso y con experiencia. Es abogado y tiene maestría en Derecho Penal por la Universidad de Guadalajara. Es doctor por la Universidad de San Pablo CEU de Madrid. 

Su carrera ha destacado junto con el milenio. El gobernador Alberto Cárdenas Jiménez lo nombró procurador del estado en el 2000 y un año más tarde lo ratificó Francisco Ramírez Acuña. Estuvo en ese puesto hasta que en 2005 fue elegido como secretario general de Gobierno de Jalisco. 

Para marcar un antecedente, El Universal reportó que durante su administración como procurador se interpusieron 640 quejas por violaciones a los derechos humanos y que la procuraduría “había adoptado la tortura como una práctica sistemática en el lapso 2001-2006”. 

En 2006 fue nombrado gobernador interino de nuestro estado, cuando Paco se fue a la Federación. Al concluir su breve gubernatura, fue asignado como titular la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la mismísima Secretaría de Gobernación. 

Más tarde fue asignado un par de años como delegado en Jalisco de la tristemente célebre Procuraduría General de la República. En 2012 reaparece como asesor y parte del equipo de transición de Ramón Guerrero Martínez en Puerto Vallarta y del finado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 

Como se puede apreciar, el fiscal es un hombre cercano al poder a través del tiempo: ha transitado con éxito profesional a través del Partido Acción Nacional, luego del Revolucionario Institucional y, ahora, Movimiento Ciudadano. 

En noviembre de 2018, Solís Gómez fue evaluado por el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. La entidad encontró que entre tres candidatos, era el mejor calificado. El Congreso de Jalisco lo ratificó unos días más tarde con la venia de 32 diputados (seis votaron en contra). 

Como experto en el área de seguridad y procuración de justicia es conocido por ser de mano dura. En sus ruedas de prensa suele ser parco y adusto. Sin embargo, hoy es la figura más mediática de la “refundación” sólo por detrás del propio gobernador Enrique Alfaro. 

A sus 63 años ha vivido escenarios muy oscuros. Acaso de los dos más notables uno fue aquella represión en la Tercera Cumbre Latinoamericana y la Unión Europea en mayo de 2004 que fue documentada por diversos organismos. Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó 68 retenciones ilegales, 70 casos de tratos crueles y degradantes y 19 casos de tortura. 

El otro, muy similar, fue el 4, 5 y 6 de junio de 2020. Tras una manifestación que terminó en diversos actos de violencia, fueron retenidos de manera ilegal casi tres decenas de personas. Todos recordamos que Alfaro reconoció el hecho y advirtió que había infiltración de la delincuencia organizada en los cuerpos de seguridad estatales. ¿Y el fiscal? Bien, gracias por preguntar. 

La reciente crisis de seguridad que se vive en Jalisco tiene a Solís Gómez en el ojo del huracán. Su labor y sus omisiones son claves para entender la evolución de la delincuencia (la organizada y la desorganizada) en nuestro estado. 

“Bajo su guardia” han sucedido hechos de sangre inéditos como el asesinato de Aristóteles o aquel que les quitó la vida a los hermanos González Moreno. Lo de Andares, lo de La Jauja, lo de Tlaquepaque, lo de Chapalita, lo de Teocaltiche, etcétera. Sucesos del último semestre que nos han traído a la situación límite que hoy vivimos. 

Jalisco es el primer lugar nacional en desapariciones, fosas y atrocidades, pero también uno de los estados que más destaca en homicidios. Mientras tanto, martes, jueves y “cuando se requiera” el fiscal –cada día más incómodo– sale a dar sus ruedas de prensa que son parte de una guerra que todos estamos perdiendo. 

Twitter: @cabanillas75

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