No pueden solos

La pobreza de grandes sectores poblacionales y la violencia de los grupos de la delincuencia organizada y de muchísimas personas que actúan individualmente son los más graves problemas nacionales y estatales. 

En el particular caso de la violencia, es deprimente y ansiógeno leer los periódicos y/o ver los noticieros, ya que no hay día en que no conozcamos de ejecuciones, homicidios, feminicidios, levantones, secuestros, asaltos, localización de fosas clandestinas con decenas de cadáveres, ordeña de ductos de gasolina, suicidios, etc.  

Ah, y aunque en dichos espacios noticiosos casi no aparecen y normalmente no son denunciados por las y los ciudadanos por considerar que no tiene sentido hacer esfuerzos y perder tiempo para presentar las denuncias, por comentarios de los amigos, los vecinos y/o los compañeros del trabajo cotidianamente también nos enteramos de robos en casas-habitación, asaltos a transeúntes, robo de autopartes, etc. 

Ante esta realidad, las autoridades federales, estatales y municipales siempre van a declarar para justificarse que “los índices delictivos van a la baja”, “se están matando entre los delincuentes”, “iremos tras ellos hasta las últimas consecuencias”, “aplicaremos todo el rigor de la ley”, “abrazos no balazos”, “pronto las investigaciones darán con los responsables”, “es el resultado de las políticas neoliberales”, etc. Jamás les escucharemos “lo estamos haciendo mal” y mientras tanto las y los ciudadanos son rehenes de las y los delincuentes. 

Ahora bien, si revisamos las políticas públicas, los programas y las acciones de los gobiernos federal, estatales y municipales para el combate del delito y la reinserción social, independientemente de quién detente el poder, con toques cosméticos son casi idénticas, ineficientes e ineficaces. Las acciones de prevención del delito no tienen prioridad y son totalmente intrascendentes; seguramente será porque ellas requerirían un trabajo científica y multidisciplinariamente fundamentado y tendrían resultados a mediano y largo plazo. 

A las y los mexicanos nos urgen políticas públicas, programas y acciones integrales de los gobiernos federal, estatales y municipales para la prevención y el combate del delito y la reinserción social; con la participación no solo de las y los políticos, policías y militares, también de psicólogos, sociólogos, antropólogos, comunicólogos, ingenieros en sistemas computacionales, maestros, padres de familia, entre otros; evaluables y ajustables por grupos sin conflictos de intereses político-partidistas y/o económicos; innovadoras eficientes y eficaces. 

El riesgo de no hacerlo así es el caos y la ingobernabilidad y los paganos seguirán siendo los ciudadanos. 

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